Jerusalén, 21 mar (EFE).- El Gobierno israelí y el Tribunal Supremo, de la mano de la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, se enfrentaron este viernes después de que el tribunal paralizara la decisión del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu de destituir al jefe del servicio interior de inteligencia (Shin Bet), Ronen Bar.
“¡No habrá guerra civil! El Estado de Israel es un Estado de derecho y, según la ley, el Gobierno israelí decide quién será el jefe del Shin Bet. Feliz sábado”, escribió Netanyahu en la red social X después de una jornada de tensión entre los miembros del Gobierno, la oposición, la sociedad civil y el poder judicial.
Con sus declaraciones, Netanyahu se pronunciaba por primera vez desde que el Ejecutivo aprobó por unanimidad el despido de Bar. Lo hizo rescatando las afirmaciones del expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, quien se expresó en estos términos en una entrevista el jueves con el diario Yediot Ahronot: “La división (en Israel) está creciendo y temo que sea como un tren descarrilado, cayendo en espiral hacia un abismo que lleve a la guerra civil”.
El primer ministro reivindicó como exclusiva del Gobierno la responsabilidad de nombrar o destituir al líder del Shin Bet, después de que el Tribunal Supremo decidiera paralizar el cese de Bar hasta que valorara las peticiones de distintos organismos que denunciaban lo decidido por el Gobierno.
Además del texto de Netanyahu, la decisión del tribunal despertó las críticas de sus ministros, como el titular de Comunicación, Shlomo Karhi, quien se refirió a la jueza que dictó la decisión en redes sociales: “No tiene autoridad legal para interferir en esto. Esto es sólo autoridad del Gobierno. Su orden es nula y vacía. Fin de la historia. El pueblo es soberano”.
“Los jueces del Tribunal Supremo no dirigirán la guerra ni designarán a sus comandantes. Punto”, escribió el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
El Supremo se dio como plazo máximo el 8 de abril para valorar las peticiones contra la destitución, presentadas por partidos de la oposición (Yesh Atid, Israel Beitenu, Unidad Nacional y los Demócrtas) y el Movimiento para la Calidad del Gobierno.
La Oficina de Netanyahu concluía así el anuncio sobre la destitución en la madrugada del viernes: “Ronen Bar concluirá su rol como director del Shin Bet el 10 de abril de 2025, o cuando un jefe permanente del Shin Bet sea nombrado, lo que ocurra primero”.
La fiscal general contra el Gobierno
Baharav-Miara informó a Netanyahu, tras publicarse la decisión del Supremo, que tenía “prohibido” nombrar a un nuevo jefe del Shin Bet mientras la destitución permaneciera paralizada.
“Esta prohibido llevar a cabo cualquier acción que dañe el estatus del jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Está prohibido nombrar a un nuevo jefe del Shin Bet y no están permitidas las entrevistas para la posición”, alegó Baharav-Miara.
“Además, se completará el examen jurídico requerido sobre la capacidad del primer ministro para tratar el asunto a la luz de las preocupaciones sobre un conflicto de intereses derivado de los interrogatorios del Shin Bet a sus personas de confianza”, añadió.
El conflicto de intereses aludido son las investigaciones del Shin Bet por el escándalo del ‘Qatargate’, sobre los supuestos pagos de Catar a asesores del Netanyahu para que crearan una campaña de publicidad favorable al país del golfo de cara al Mundial de Fútbol de 2022.
Este mismo viernes, el ministro de Justicia, Yariv Levin, envió a sus compañeros del gobierno un documento de 86 páginas para preparar un encuentro el domingo en el que el Ejecutivo decidirá si llevará a cabo una moción de confianza contra Baharav-Miara, acusándola de actuar contra este con motivaciones políticas.
Las declaraciones de Bar
Bar no acudió a la reunión en la que se le destituyó, sino que envió a los ministros participantes una carta en la que aseguraba que “se están llevando a cabo importantes investigaciones, y su interrupción mediante un despido repentino y apresurado, basado en acusaciones totalmente infundadas, huele a intereses extranjeros y a un conflicto de intereses sin precedentes”.
Sobre las razones de Netanyahu para su despido de falta de confianza, asegura que no tienen fundamento: “Salvo si la verdadera intención, que al parecer no entendí, fuera negociar sin llegar a un acuerdo”.
La Ley General del Servicio de Seguridad de Israel de 2002 estipula que el jefe del Shin Bet es nombrado por el Gobierno a propuesta del primer ministro. Bar ocupó el cargo en 2021, elegido por el Ejecutivo de Naftali Bennet, que precedió a Netanyahu.
La norma apunta que el Gobierno puede poner fin al mandato del Shin Bet antes de que concluya su duración fija (cinco años).
Sin embargo, el Instituto para la Democracia de Israel, una institución de investigación independiente, advierte que existen restricciones para esta decisión, como aportar una base fáctica apropiada, que no se dé en caso de existir un conflicto de intereses entre las partes o dar espacio al líder del Shin Bet para que responda a las acusaciones.
