Madrid, 1 jul (EFE).- El Ministerio de Justicia ha reprobado la ausencia de comunicación de datos oficiales de seguimiento del primer día de huelga de jueces y fiscales convocada por cinco asociaciones, una notificación «necesaria» para detraer el salario a quienes la secunden, «tal y como le ocurre a cualquier trabajador».
El departamento que dirige Félix Bolaños anunció que solicitaría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informara a las 14:00 horas de los jueces y fiscales que secundaban la huelga de tres días convocada esta semana para detraerles el salario correspondiente y asegurar el buen uso de los fondos públicos.
Sin embargo, en la primera jornada, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subrayan que a las 18:00 horas, ni el CGPJ, ni la Fiscalía, ni las asociaciones han comunicado ningún dato de una persona que haya secundado el paro.
Destacan que la única cifra oficial del seguimiento de una huelga es la de huelguistas que comunican su participación en el paro y a los que el pagador de su nómina tiene que detraer el sueldo.
La comunicación del seguimiento -abundan- es «necesaria, ya que el Ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados».
En una rueda de prensa, las asociaciones convocantes -todas menos las progresistas- han cifrado en un 75 % el seguimiento del primero de los tres días de huelga.
Otras asociaciones, como las de jueces y fiscales sustitutos, se han desmarcado de una huelga que consideran «regresiva», porque en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca para desprestigiar a este colectivo.
Desde el Ministerio, recuerdan que el CGPJ y la Fiscalía han considerado que la convocatoria no tiene base normativa y la tienen como no anunciada, de modo que no están recabando datos de seguimiento, tal y como ayer reiteró la comisión permanente del Consejo.
Ante la falta de datos oficiales, el Ministerio destaca la «normalidad casi absoluta en los tribunales y Fiscalías» en el primer día de huelga y garantiza «toda transparencia» a la hora de informar sobre la misma si en los próximos días recibe información oficial de seguimiento.
Además, reitera la necesidad de las reformas judiciales en marcha, que modernizan las carreras judicial y fiscal, y abre la puerta a medidas como el blindaje por ley de las becas para opositores, la incorporación de un examen escrito en oposiciones y la puesta en marcha de un proceso de estabilización «para juezas y fiscales sustitutas (la mayoría son mujeres) para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea».
