Madrid, 2 ago (EFE).- La normativa actual habilita al Gobierno a convocar una comisión de cooperación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si considera, tras su análisis, que la propuesta de retribución a las redes eléctricas planteada por el organismo incumple las orientaciones de política energética.
La tasa de retribución del 6,46 % sugerida por el organismo, cuya fase de alegaciones concluye este lunes, ha despertado las críticas de las eléctricas, que demandaban un 7,5 % y avisan de que no elevarla pondría en riesgo las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de electrificación marcados por España.
Las redes de transporte y distribución son actividades reguladas. Por este motivo, sus costes son repercutidos a todos los consumidores según el nivel de tensión al que se conecten, a través de los peajes.
El Gobierno analiza la propuesta
«La propuesta de tasa se ha incrementado significativamente con respecto al marco anterior (en la actualidad es del 5,58 %). Es una foto que tenemos que tener todos clara», explica a EFE el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.
Como recuerda Groizard, el organismo competente a la hora de fijar la tasa es la CNMC, en su calidad de regulador independiente. El Gobierno, por su parte, emitió unas orientaciones de política energética que admitían el gran reto de la electrificación, para la cual se necesita una «adecuada inversión en redes».
«Pero, además, que los costes del sistema eléctrico sean competitivos, y eso pasa por que tampoco se invierta de más y no se generen más cargas en la factura», dice el ‘número dos’ en materia energética del Ministerio para la Transición Ecológica, de que avisa que si el recibo se encarece mucho, «no habrá electrificación».
Por ello, hay que encontrar «un punto óptimo» entre una tasa «suficientemente atractiva», para que las inversiones en redes se decanten por España vista la competencia que existe a nivel internacional, y que los costes que esta genere en la factura de las familias sean los adecuados.
De momento, los equipos técnicos del Ministerio están analizando la propuesta de la CNMC que aplica al periodo 2026-2031. Acto seguido, se emitirá un informe.
«Si consideramos que incumple las orientaciones de política energética, el recurso que nos da la ley es poder convocar una comisión bilateral de cooperación con la CNMC donde el Gobierno pueda explicar y poner encima de la mesa su posicionamiento», añade.
La última palabra la tendrá la CNMC
Un real decreto-ley de 2019 permite al Ejecutivo establecer, con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, orientaciones de política energética que deben ser tenidas en cuenta.
En estos casos, y antes de la aprobación de la circular, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un informe sobre cómo se adecua la propuesta del organismo a sus orientaciones, y, si hay discrepancias, se convocará una comisión de cooperación para buscar el entendimiento.
La norma prevé que la comisión esté compuesta por tres personas en representación de la CNMC con cargos, como mínimo, con rango de subdirección general, y otras tres en representación de la Secretaría de Estado de Energía.
La última palabra, eso sí, la tiene la CNMC, que aprobará las circulares indicando si se adoptan «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», si hay conformidad, u, «oído el Ministerio», si hay discrepancias.
Las eléctricas confían en que la tasa suba
El debate de la tasa ha sido abordado por los equipos gestores de las energéticas con motivo de sus resultados semestrales, ante la insistencia de los analistas por conocer cómo el marco normativo nacional puede influir en las estrategias de inversión futuras.
Para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el borrador de la CNMC está mandando «unas señales claramente negativas» y no da incentivos para invertir en nuevos activos, si bien espera que las cosas «discurran por buen camino».
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, calificó la tasa de «discriminatoria y asimétrica» respecto a otros sectores regulados en España y a otros países europeos, si bien se mostró confiado en que el texto final proporcione las señales económicas adecuadas y suba, al menos, hasta el 7 %.
Del lado del transporte, también el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, reconoció que la tasa estaba «por debajo» de sus expectativas y que veía «potencial de mejora».
Aun así, destacó la subida frente al 5,58 % en vigor como un «punto de partida», y valoró la «intención» del regulador de adecuarla a las condiciones actuales de mercado. EFE
