Madrid, 22 sep (EFE).- El Gobierno ha puesto el foco en septiembre para impulsar mejoras en todo el sistema educativo, tanto para la enseñanza no universitaria como la universitaria, y ha decidido reactivar las mesas negociadoras de diferentes ámbitos, pendientes en algunos casos desde hace casi un año.
La primera reunión será este martes 23 de septiembre entre los sindicatos de la Enseñanza no universitaria y el Ministerio de Educación, que desde febrero se emplazan a avanzar en la elaboración de un Estatuto del Docente, pendiente desde 2007.
Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que blindará por ley la jornada lectiva de los docentes, para que el máximo estatal sea de 23 horas en primaria y de 18 horas en secundaria y bachillerato, los sindicatos son convocados a la mesa negociadora por segunda vez para avanzar también en una bajada de las ratios en las aulas o en medidas para reducir la burocracia.
Se trata del grupo de trabajo número cuatro de otros tres conformados para negociar otros asuntos como jubilaciones, el acceso a la carrera docente, la formación o las competencias que deben desarrollar.
Y es que la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario se abrió en febrero de este año y la amenaza de un otoño caliente por parte de los sindicatos y las movilizaciones y protestas en algunas comunidades, como Asturias, Madrid, Cantabria, Euskadi o Navarra el curso pasado ha empujado a reactivar los grupos de trabajo.
Negociación en Universidades
También el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reúne este jueves, 25 de septiembre, al grupo de trabajo de la Ley de Universidades (LOSU), paralizado desde marzo de 2024 y que pretende abordar un Estatuto para el personal docente investigador (PDI).
El objetivo es frenar la elevada temporalidad del PDI, cercana al 50 %, mejorar sus condiciones laborales y salariales y reformular las condiciones del profesorado asociado y sustituto.
Por otra parte, también verá la luz el 29 de septiembre la comisión de trabajo que mandata la LOSU para aumentar la inversión pública en las universidades hasta el 1 % en 2030.
Esta comisión se creó en noviembre de 2024 para establecer un calendario de inversiones y en principio se iba a reunir cada dos meses.
En ella participan el ministerio que dirige Diana Morant, las consejerías de las comunidades autónomas, la CRUE, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), la Conferencia de Consejos Sociales y los sindicatos de mayor implantación.
También contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en financiación universitaria.
Destinar el 1 % del PIB a la financiación de estas instituciones para 2030 supondría elevar la inversión en universidades en más de 3.000 millones de euros anuales, ya que actualmente el gasto en políticas universitarias se sitúa en torno al 0,76 por ciento del PIB.EFE
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