Madrid, 1 jul (EFE).- El Gobierno ha dado el visto bueno este martes al anteproyecto de ley de consumo sostenible, un amplio paquete legislativo que prohíbe la publicidad de los productos más contaminantes como los vuelos cortos, los combustibles fósiles y los vehículos propulsados solo por ellos, y pone veto a la obsolescencia programada.
La nueva norma, que refuerza la protección de los consumidores y del medio ambiente, según ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tras el Consejo de Ministros, prevé medidas para fomentar la reparación de los productos y luchar contra la obsolescencia programada (la vida útil que las empresas dan a un bien para que el usuario se vea obligado a comprar otro modelo).
Para ello se prevé regular las actualizaciones de software y prohibir las que empeoren el rendimiento del producto y se hagan pasar como necesarias, una situación, que tal y como ha comentado Bustinduy, sucede de manera cotidiana, lo que hace que sea imposible una vez realizadas abrir ciertos programas o que nuestros equipos funcionen peor.
El etiquetado de los productos deberá informar además sobre si cuenta con una garantía superior a los dos años y también sobre su reparabilidad porque, según ha remarcado el ministro, lo más importante que incluye esta ley «es la consagración del derecho a reparar».
Se obligará a que los repuestos para un producto o para un bien estén disponibles hasta diez años después de que éste deje de fabricarse, y se deberá incluir en las web de los productores información orientativa sobre los precios de las reparaciones.
Se extenderá el plazo de garantía de un electrodoméstico cuando éste se repare por un período adicional de doce meses y se creará una plataforma digital de reparaciones donde los usuarios podrán encontrar reparadores autorizados y donde también compradores de bienes defectuosos y vendedores de bienes reacondicionados se podrán poner en contacto.
La medida más innovadora, según Bustinduy, es la creación de un sistema de cofinanciación para las reparaciones porque Consumo busca reducir su factura haciendo que los productores asuman una parte de ese costo: hasta un 20 % del costo de las reparaciones será asumido por los productores.
El texto aprobado en una primera vuelta por el Consejo veta además otras prácticas cada vez más denunciadas por los consumidores como la reventa abusiva de entradas, la reduflación (menos cantidad de un producto por el mismo precio) o el ‘greenwashing’, que camufla como sostenibles productos que no lo son.
Bustinduy ha remarcado como primer pilar de esta ley «ambiciosa» la lucha contra el ‘greenwashing o ecopostureo: se prevé regular la necesidad de certificar afirmaciones de las empresas sobre sostenibilidad, porque según ha reconocido el ministro «hoy en día todo es bio, eco y bueno para el planeta», y también otras basadas en la compensación de las emisiones de gases invernadero.
El ministro se ha referido a la necesidad de una transición ecológica basada en la justicia social cuando ha sido preguntado sobre la limitación de la publicidad de vehículos que utilicen exclusivamente combustibles fósiles.
Lo que pretende, según ha argumentado, es acelerar la transición industrial y productiva para hacer que la industria sea más competitiva y que pueda garantizar la accesibilidad y la justicia social en esta transformación.
Pero esta transición ecológica -ha advertido-·»no puede recaer sobre responsabilidades individuales, ni puede depender sobre la capacidad económica o la renta de cada cual». Es fundamental, a su juicio, que la transformación industrial se haga conforme a criterios de equidad y de inclusión.
Lo es -ha dicho- porque el 1 % de la población contamina más que 12.000.000 de personas en España y es necesario fiscalmente, en su opinión, que se haga recaer el costo de esta transición en quienes más contaminan.
