(Actualiza la NA3154 con la opinión de universidades afectadas)
Madrid, 7 may (EFE).- El Gobierno quiere aplicar el nuevo decreto de Universidades, que endurece los criterios para crear centros universitarios, a las privadas que han iniciado ya procedimientos pero que se encuentran en trámite inicial y están pendientes del informe que debe emitir el Consejo General de Política Universitaria (CGPU).
Fuentes del Ministerio han señalado a EFE que la ministra, Diana Morant, propondrá mañana en la reunión del CGPU prevista en València una nueva disposición transitoria que afectaría a las diez universidades privadas que han solicitado ya su creación o reconocimiento con el fin de que tengan que obtener un informe favorable de la ANECA o de la agencia de calidad de su comunidad autónoma.
Diez universidades afectadas
En este sentido, los informes pendientes de universidades privadas afectados serían diez: Madrid (2), Extremadura (3), Aragón (3), Baleares (1) y Canarias (1).
Se trata de TAI University-Universidad Internacional de las Artes y la Universidad Felipe II, de Madrid; las universidades Abierta de Extremadura (ONEX), Europea de Extremadura y la Universidad CEU-Núñez de Balboa, también de esta comunidad autónoma; las universidades Internacional de Aragón (UNIAR), NCI de Aragón y The Power University; la Universidad Digital (UDDI) de Canarias y la Universidad de Mallorca, en Baleares.
Todas ellas pendientes del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y también del de las agencias autonómicas de calidad, que a partir de la nueva ley será vinculante.
La nueva disposición transitoria a la que ha tenido acceso EFE puntualiza los procedimientos ya en marcha iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto y señala que, si en esa fecha “todavía no se ha remitido a la CGPU la propuesta de informe de la Comunidad Autónoma o del Ministerio… se solicitará a la agencia de calidad correspondiente” el otro informe que será vinculante.
La entidad promotora de la universidad deberá aportar toda la documentación que marca la nueva ley a las comunidades autónomas competentes o al Ministerio en el plazo máximo de doce meses.
Desde el Ministerio señalan que algunas de las diez universidades afectadas “no tendrán problemas” para cumplir con los nuevos requisitos académicos, presupuestarios y de investigación que incluye el decreto, pero a otras les será difícil.
Fuentes cercanas a las universidades afectadas han criticado este cambio en el borrador y se han mostrado en desacuerdo porque genera inseguridad jurídica. Señalan que el Ministerio les garantizó que las iniciativas de nuevas universidades que ya estaban en trámite seguirían sometidas a la actual legislación.
Morant ha informado de esta nueva modificación a la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) con la que se reunirá el próximo lunes, 12 de mayo.
Mañana lo hará con las comunidades autónomas y todos los gobiernos del PP han confirmado su asistencia.
En junio a Consejo de Ministros
La intención del Ejecutivo es que el decreto, que se tramita por la vía de urgencia y ya ha recibido alegaciones, llegue a primeros de junio al Consejo de Ministros, aunque todavía está pendiente del informe del Consejo de Estado, que no es vinculante.
No obstante, Universidades está pendiente de esta valoración, sobre todo por sus términos legales.
Entre los nuevos criterios que deben cumplir las diez nuevas universidades privadas está alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos durante los cinco primeros años de ejercicio, destinar al menos un 5 por ciento de su presupuesto total a programas de incentivación de la investigación y captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I) como mínimo el equivalente al 2 por ciento de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.
También garantizar un 10 por ciento de plazas a alojamientos de estudiantes y ofertar un mínimo de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.
Un 50 por ciento de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado, es otra de las medidas que deberán cumplir estos nuevos centros.
