Madrid, 15 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado este martes que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional han afirmado que la ley de amnistía responde a «un fin legítimo», y ha replicado así a la Comisión Europea, que ha cuestionado que la norma atienda a un objetivo «de interés general».
El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ha expresado esa idea en la vista que celebra este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales que ha planteado el Tribunal de Cuentas para saber si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la UE.
Al margen de la apreciación sobre el interés general de la ley, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Pilar Alegría ha hecho hincapié en que el Gobierno y la Comisión Europea coinciden en dos asuntos «centrales».
«La ley de amnistía no afecta a los interese financieros de la UE y no contraviene la directiva contra el terrorismo», ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.
El abogado de la Comisión ha señalado que «no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
Pero ha indicado también que, para la Comisión, no existe «un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión».
Según Bruselas, corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, aunque el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma «podría impedir» que «se lleve a cabo este examen».
