Madrid, 2 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel que respete los derechos de los activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, interceptada por Israel, avisando que estudiarán si el Ejército israelí violó la legalidad internacional, mientras los socios del Ejecutivo han exigido más contundencia.
Sánchez, desde Copenhague, donde ha participado en la cumbre de la Comunidad Política Europea no ha querido ir más allá de momento, mientras el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocaba a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, responsable de la Embajada, para protestar por esta actuación y pedir que se respeten los derechos de los detenidos.
Exteriores tiene localizados a 65 activistas españoles que viajaban en la flotilla Global Sumud, pero no ha dado datos de los detenidos, que podrían ser una treintena y entre los que está la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, como ha confirmado el equipo jurídico de la flotilla.
Previsiblemente, serán acusados de entrar ilegalmente en el país y serán expulsados en 72 horas como ha ocurrido en situaciones anteriores.
En este sentido, Albares ha subrayado que no aceptará otra acusación refiriéndose a la vinculación que ha hecho el Gobierno israelí de la misión con Hamás, insistiendo en que estas personas no representan ninguna amenaza para nadie y su objetivo era únicamente humanitario.
España, que ya ha puesto en marcha el dispositivo consular de ayuda a los detenidos y está en contacto con las autoridades israelíes, mantendrá también en la zona el buque ‘Furor’ de la Armada, que continúa bordeando la zona de exclusión declarada por Israel, hasta que se normalice la situación.
Sobre la expedición, el Ministerio de Exteriores israelí ha dado este jueves por concluida la operación que inició ayer contra la flotilla y ha informado de que los detenidos, de diferentes nacionalidades, se encuentran bien y van camino de Israel, desde donde empezará su deportación hacia Europa.
En contraposición a la actuación de la parte socialista del Gobierno en esta crisis, sus socios de Sumar han mostrado discrepancias y se han quejado de «cierta tibieza», como ha apreciado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, quien ha condenado la detención de los activistas y ha exigido a la UE que rompa todo tipo de relaciones con Israel.
Uno de sus ministros, Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, ha acusado al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para impedir «este lamentable desenlace».
A estas críticas de Sumar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido que el Ejecutivo ha denunciado desde el primer momento «el genocidio» y ha apoyado a la flotilla adoptando los medios necesarios para garantizar su seguridad «en términos proporcionales y razonables» y ahora está facilitando a los detenidos la ayuda legal para que sean liberados cuanto antes.
En Podemos, su líder, Ione Belarra, se ha centrado esta vez en exigir a Sánchez que denuncie ante la Corte Penal Internacional este «crimen de guerra» de Israel y que la Audiencia Nacional actúe contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu por el «secuestro de españoles».
Otros partidos, como Junts, socio de investidura de Sánchez, ha impedido con su abstención que se aprobara una declaración institucional en apoyo de los integrantes de la flotilla en el Parlamento de Cataluña, que ha suspendido el pleno de hoy con el voto en contra de PP, Vox, Junts y Alianza Catalana.
Un pleno que ha sido suspendido por la detención de la diputada de la CUP Pilar Castillejo, enrolada en la flotilla.
También la Conferencia Episcopal Española (CEE), sin referirse en concreto a la flotilla, ha entrado en la cuestión de Gaza lamentando que Israel esté dando una respuesta «desproporcionada e inhumana» por los «crímenes execrables» cometidos por Hamás el 7 de octubre.
Desde la oposición, han destacado las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha calificado a la flotilla como una «asamblea de facultad flotante» cuyos integrantes no habrían aparecido «ni locos» en las costas gazatíes si realmente creyeran que Israel es un Estado «genocida».
Unas palabras que han sido censuradas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha apuntado que Ayuso «se habría burlado de Rosa Parks cuando la sacaban a la fuerza de aquel autobús», en alusión a la lucha de los derechos de los negros en EE.UU.
Y el diputado de Vox en el Parlament Ignacio Garriga ha dicho que los activistas han jugado «a un heroísmo absurdo», calificando su misión de «esperpento».
Mientras tanto, en una treintena de ciudades españolas se suceden las manifestaciones en contra del «genocidio» de Israel y para solidarizarse con los tripulantes de la expedición interceptada.
