Madrid, 14 jul (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para iniciar la tramitación parlamentaria, que amplía derechos y prestaciones y quiere agilizar los procedimientos.
La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, expande la ayuda a domicilio a otras tareas como la compra o realizar trámites, y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo.
Según recoge el anteproyecto aprobado el pasado mes de febrero, que ya ha recabado los informes preceptivos, se reconoce de manera automática a cualquier dependiente con una discapacidad del 33 % para ahorrar cargas administrativas y las comunidades tendrán que realizar obras de accesibilidad (ascensores, rampa…) si lo solicita un vecino, con el apoyo de ayudas y subvenciones.
Se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad, destaca el texto.
También se cambia la ley general de derechos de las personas con discapacidad de 2013 para eliminar la discriminación en la contratación de seguros de salud y vida, incluye la accesibilidad universal como un derecho que se podrá reclamar ante la justicia y crea un fondo estatal para promoverla en entornos públicos.
Dentro de esta norma, según el anteproyecto, se regula como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón, espectáculos similares al ‘bombero torero’ y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad.
Los cambios en la ley de dependencia de 2006 van dirigidos a agilizar trámites, suprimir el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y ampliar la prestación para cuidados a personas allegadas atendiendo a las nuevas situaciones de convivencia, como vecinos o amigos.
Se incorpora asimismo un procedimiento de urgencia en situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea de la ley ELA, para casos de demencias, violencia de género o precariedad económica.
