Madrid, 28 sep (EFECOM).- El Gobierno ultima con sindicatos y patronal mejoras en las condiciones de la jubilación flexible, una opción minoritaria en España que escoge menos del 0,1 % de los jubilados, ya que aquellos que voluntariamente quieren alargar la vida laboral prefieren otras modalidades como la jubilación demorada o la activa.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ya sometió a consulta pública un proyecto normativo sobre esta modalidad en verano, ha vuelto a abrir la negociación en busca de un pacto que cierre uno de los últimos flecos pendientes de la reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Gobierno y agentes sociales se comprometieron a revisar las condiciones de esta opción que permite volver al mercado laboral tras haberse jubilado, compaginando el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial, una modalidad que apenas se usa en España porque, entre otras cosas, no es nada habitual que las empresas contraten a personas ya retiradas.
Según la memoria que acompañaba la propuesta del Gobierno, de las 6.570.803 pensiones de jubilación que había en marzo de 2025, solo 3.174 eran en esta modalidad flexible (el 0,05 %).
Y, según señalan otras fuentes, sobre el total de altas anuales, unas 350.000, actualmente apenas hay 300 catalogadas dentro de las jubilaciones flexibles, lo que supone el 0,08 % de esas nuevas pensiones.
«La evolución en los últimos años muestra que es una modalidad que apenas se utiliza para compatibilizar jubilación y trabajo, manteniéndose el colectivo estable a lo largo del tiempo», añade la memoria que proyecta poder llegar «a un 1,8 % del total de las altas anuales» en los próximos cinco años, es decir unas 6.000 anuales.
Los datos reflejan en todo caso que se trata de una opción marginal que parece complicado impulsar con los cambios que hay sobre la mesa.
Según señalan a EFE fuentes de la negociación, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a mover algunos de los elementos como el porcentaje mínimo de jornada con el que se puede compaginar la pensión o los incentivos en su cuantía que se dan a los que opten por esta opción.
Así, explican las mismas fuentes, podría rebajarse algo el porcentaje mínimo de jornada que se debe realizar y que en la última propuesta se fijaba entre el 40 % y el 80 %.
También podría mejorarse levemente el incremento adicional en la parte a cobrar de la pensión, que en esa propuesta era del 10 % o el 20 %.
Junto a esto, se plantea rebajar la exigencia de años cotizados en el régimen de autónomos (RETA) para aquellos que quieran volver al mercado laboral como autónomos o que las cotizaciones de ese tiempo adicional de trabajo computen para recalcular la pensión, algo que sólo afectaría a aquellos procedentes de jubilaciones involuntarias, es decir, despidos.
El objetivo, explican fuentes de la negociación, es ampliar el perímetro de gente que pueda optar por esta opción que sobre el papel es menos beneficiosa que la demorada, la activa o la parcial cuyos cambios, en vigor desde el pasado mes de abril, fueron pactados con patronal y sindicatos.
Por ejemplo, solo hasta el pasado julio, se habían registrado ya 24.614 altas de jubilación demorada, frente a las 34.273 que se contabilizaron en todo el 2024.
Los agentes sociales ven los cambios insuficientes
Para el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, va a seguir siendo una opción minoritaria aunque con los cambios se pueda ampliar algo el número de potenciales interesados.
Para CCOO se podría ampliar si se diera la opción de pasar a jubilación flexible directamente cuando llega el momento de jubilarse, pero no con ese parón obligado de 6 meses que fija la ley, una propuesta que no convence ni al Gobierno ni a la patronal.
Para el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, la propuesta actual «no es atractiva» y augura «una incidencia escasa entre los trabajadores por cuenta propia», que preferirían acogerse a la jubilación activa, aquella que permite compatibilizar trabajo y pensión.
Así, consideran que sería necesario reducir el requisito de no haber cotizado al RETA desde los 5 hasta los 2 últimos años y elevar el porcentaje de pensión a percibir del 20 % al 30 %.
UGT avanzó que estudiarían las nuevas propuestas que el Gobierno se ha comprometido a facilitar por escrito.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que los trabajos siguen en la mesa que previsiblemente volverá a reunirse antes de dos semanas.
