València, 5 ago (EFE).- El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto ley del Gobierno que aprobó el reparto de casi 4.000 menores migrantes a las Comunidades Autónomas, y contra el que esta comunidad ya presentó un recurso de inconstitucionalidad.
La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha trasladado que esta decisión se toma «por coherencia» ya que si el decreto del Gobierno «está viciado en origen, todos los actos que se realicen a continuación -como el desarrollo de la norma- también lo están», según ha argumentado en una rueda de prensa.
Camarero ha afirmado que el decreto de reparto de menores migrantes «invade» las competencias autonómicas, es «unilateral», sus criterios «no están negociados», «no aporta» los recursos necesarios para atender los gastos de su atención y su reparto es «discrecional» pues «a País Vasco o Cataluña le tocan 0 y a la Comunidad Valenciana 571».
La Abogacía de la Generalitat interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según ha detallado Camarero, para asegurar que se presentará «cualquier tipo de recurso para que esta amenaza del Gobierno no se cumpla».
La Generalitat Valenciana ya recurrió en mayo el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Según ha explicado, se hizo por no haber urgencia, tras «una crisis migratoria de más de dos años», por «invadir» competencias autonómicas en protección de menores y por «no haber planificación ni financiación» para ello.
Un recurso, ha recordado, que no solo presentaron comunidades gobernadas por el PP, también Castilla-La Mancha, hasta un total de diez regiones.
«No vamos a tolerar que el Gobierno, ante su incapacidad de gestionar la política migratoria, quiera trasladar a 4.000 menores a la Península con una distribución discriminatoria, con criterios en los que no hemos participado y sin decir ni cuándo ni cuántos ni con qué presupuesto», ha insistido.
Y ha criticado que el Gobierno central «tiene la obligación» de acoger a 1.200 menores con asilo que le ha dicho el Tribunal Supremo y «son incapaces», pero «insisten en que las comunidades hagamos ese trabajo».
Según la vicepresidenta, la Comunitat Valenciana se opone al reparto de menores «no por falta de solidaridad sino por responsabilidad y para no permitir que se rompa en el sistema de acogimiento los estándares de calidad altísimos» que hay.
Ha concretado que en la Comunitat cada menor cuesta 218,85 euros por día y, si se distribuyen los 7,4 millones de presupuesto del Gobierno para los tres primeros meses de estancia, estaría en 35 euros por día. Además, ha añadido, las entidades correspondientes han trasladado que «no hay ni infraestructura ni personal para atenderlos», y el porcentaje de ocupación de los centros ya es del 160 %.
«Sin esos recursos del Gobierno, el acogimiento de menores se hace absolutamente imposible para mantener la calidad del servicio y la dignidad que requieren estos menores», ha asegurado.
