El Gobierno ve avances en el Plan de Vivienda, pero el PP exige más diálogo y financiación

(Actualiza la EC4535 con más información) Madrid, 2 oct (EFECOM).- El Gobierno ve avances para alcanzar un acuerdo con las autonomías sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aunque las comunidades gobernadas por el PP, 11 de las 17, han exigido más diálogo y financiación y se han quejado de que el Ejecutivo les ha «ninguneado» por no haber negociado con ellos los términos del Plan. Ambas partes se han reunido este jueves en una conferencia sectorial, convocada por la ministra Isabel Rodríguez para abordar los detalles del nuevo Plan, que ha concluido sin acuerdo con las comunidades gobernadas por el PP, que también suman el 70 % del suelo. Fuentes del Ministerio de Vivienda han reconocido que han «constatado la posibilidad de llegar a un acuerdo» para sacar adelante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aunque se han emplazado a una nueva reunión, previsiblemente la próxima semana, para buscar el consenso ya que «persisten algunas diferencias sobre aspectos concretos del Plan». Otras fuentes presentes en la reunión han señalado que no se ha dividido el bloque conformado por las comunidades presididas por el PP, opuestas de forma unánime a la propuesta del Gobierno, mientras las socialistas han apoyado el Plan, aunque han planteando algunas mejoras. Este proyecto estatal de Vivienda, presentado hace unas semanas por el Gobierno, busca triplicar los recursos disponibles para vivienda hasta los 7.000 millones de euros, blindar para siempre el parque público y lograr más transparencia en los datos, entre otras cosas. La responsable del departamento andaluz de vivienda, Rocío Díaz, ha acusado al Ejecutivo de acudir a esta sectorial «sin debate previo con las autonomías» pese a que son las competentes en materia de Vivienda, y le ha acusado de «utilizar la imposición y la falta de diálogo y de respeto a la autonomía de Andalucía». El consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha hablado en nombre de las comunidades presididas por el PP, también ha criticado que no han conocido el plan con antelación suficiente y no han podido participar en el mismo. El consejero madrileño de presidencia, Miguel Ángel García, ha manifestado que Madrid ha acudido a la sectorial a decir un «no rotundo» al Plan, que «incide en los mismos errores» que la Ley, cuya derogación han pedido en reiteradas ocasiones. Este Plan, ha opinado, no aporta «nada nuevo y nada bueno», mientras que la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha exigido «negociación, financiación adecuada, medidas fiscales realistas y un plan integral contra la ocupación e inquiocupación que no aparece en el borrador». Por contra, las comunidades gobernadas por el PSOE sí han apoyado el plan del Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, aunque han propuesto algunas mejoras y han considerado que se debe conseguir «un marco financiero coherente y realista» que tenga en cuenta el esfuerzo ya realizado en rehabilitación y en construcción por parte de estas comunidades. Castilla-La Mancha ha propuesto que no sea tan rígida la distribución de los fondos, ya que establece un 40 % para la construcción, un 30 % para la rehabilitación y la accesibilidad y otro 30 % para el acceso a la vivienda. ¿Cómo sería el reparto de fondos del nuevo Plan? El borrador de este Plan asigna la mayor cantidad de recursos a Andalucía, con 1.197 millones (876 millones más que en el plan 2022-2025); a Madrid, 1.113 millones (815 más); a Cataluña 1.015 millones (473 más); y a la Comunitat Valenciana, a la que le corresponderán 798 millones (557 más). Atendiendo a los porcentajes de incremento, el mayor corresponde a Murcia (606 %) y el menor a Cataluña (187 %). En este sentido, Cataluña fue la única comunidad que aportó más del 40 % de recursos propios en la anterior convocatoria y esta proyección se ha hecho situando la aportación autonómica. No obstante, desde el Ministerio de Vivienda entienden que es previsible que el importe final quede muy por encima de los 966 millones si se tiene en cuenta que el Govern de Salvador Illa ha anunciado que invertirá 4.400 millones para construir 50.000 viviendas.