Madrid, 3 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne este jueves con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el requerimiento del Tribunal Supremo que dio 10 días al Gobierno para hacerse cargo de 1.220 menores solicitantes de asilo en las islas.
El encuentro tendrá lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 9:00 (hora local) y en él también participará, de forma telemática, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y altos cargos del Ministerio del Interior.
En la reunión, ambos ejecutivos abordarán la forma de dar respuesta a la orden del alto tribunal, emitida el pasado 26 de marzo, que acepta las medidas cautelares solicitadas en este sentido por el archipiélago.
Este requerimiento llega en un momento en el que el Gobierno trabaja para empezar a aplicar el real decreto ley para la reubicación de menores migrantes no acompañados, aprobado el pasado 18 de marzo y que tendrá que ser convalidado en el Congreso el próximo 10 de abril.
Lo que busca este real decreto ley es la reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas con sus recursos ya tensionados y significará el traslado en un año de unos 4.400 jóvenes desde Canarias y Ceuta.
Al margen de la puesta en marcha de este mecanismo, el Supremo ha emitido esta orden en respuesta a un recurso presentado por Canarias contra la desestimación presunta de un requerimiento al Gobierno central el pasado 21 de octubre para que diera a estos menores acceso inmediato a la red de acogida de protección internacional.
Y como medida cautelar pidió acordar “la obligación de la Administración General del Estado de dar acogida efectiva” a esos jóvenes.
El Gobierno ha informado estos días que estudia jurídicamente la forma de acatar esta orden, ya que, han recalcado, el sistema estatal de acogida para solicitantes de protección internacional está pensado para acoger adultos o menores acompañados de su familia.
“Evidentemente, el interés superior del menor es el faro que tiene que alumbrar cualquier política, cualquier sistema, cualquier recurso que acoja a estos menores, con protocolos bien diferenciados”, precisó ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El ministro Torres señaló ayer que esta “importante” reunión marca el camino que se debe seguir, el de colaboración entre administraciones, aunque reconoció que quizá serán necesarias más reuniones para solventar este asunto.
E insistió en que antes de este requerimiento el Ejecutivo ya aprobó el real decreto ley para dar respuesta “a todos los menores”, incluidos los que han pedido asilo en España.
Por su parte, el presidente canario recalcó también ayer que los 1.220 menores que están en Canarias y tienen derecho a protección internacional “tienen que salir” de la comunidad en aplicación del auto dictado por el Supremo.
Y advirtió que si la Administración estatal “insiste en que se queden en Canarias, no habrá entendido nada” de un fallo que es claro y alude a la doble vulneración de derechos que sufren estos menores, por ser tales y por permanecer hacinados en las islas en un contexto de crisis migratoria.
