Madrid, 30 jun (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el exdirigente del PSOE Santos Cerdán, a quien atribuye un «específico papel» en la trama, con indicios de que recibió y repartió «mordidas» de constructoras por adjudicaciones irregulares.
Tras tomarle declaración por primera vez desde que dimitió como secretario de Organización socialista, el magistrado ha atendido a la petición de la Fiscalía y de las acusaciones al considerar que existe un «homogéneo y consistente conjunto de indicios (…) verdaderamente extraordinario» de que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Así lo explica en el auto donde acuerda la medida más gravosa desde que abrió la causa, que también se dirige contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes tienen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La razón, según el magistrado, es el «peligro fundado» de que el ex número 3 del PSOE pueda «ocultar, alterar o destruir» pruebas porque, a diferencia de los otros investigados, no ha sido objeto de un registro policial, ni tampoco se ha practicado aún «la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial», ya encargada a la UCO.
El magistrado, que rechaza que haya riesgo de fuga o de reiteración delictiva, habla del estado «muy inicial» de una investigación en la que, sin embargo, «se le atribuyen indicios muy consistentes».
El encargado de percibir y repartir ‘mordidas’
El juez destaca el «específico papel» que tendría Santos Cerdán en la trama en la que ubica junto a él a Ábalos y a Koldo García, quienes «en compañía y con el auxilio de terceros», podrían haber conformado una organización criminal orientada «a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública».
Santos Cerdán, explica, sería «quien se encargaba de reclamar a las constructoras» las cantidades adeudadas, «las recaudaba y las hacia llegar después» a Ábalos y Koldo García, con quienes tendría un «relación vertical» de «cierta preeminencia».
Él sería, subraya, «el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos» obtenidos, y recuerda que, según las conversaciones grabadas por Koldo García, era a Santos Cerdán a quien pedían «inequívocamente» las cantidades adeudadas, e incluso él mismo se comprometió a reclamarlas.
Resalta así la «posición funcional» de Santos Cerdán en la trama, al ser quien, presuntamente, «interactuaba con las empresas» adjudicatarias, se comprometía a reclamar los pagos, y los distribuía, «al menos», a Ábalos y a Koldo García, quienes, sin embargo, podrían desconocer quiénes eran los supuestos corruptores y cuánto pagaban.
Obras de más de 500 millones
El magistrado da importancia al total de obras adjudicadas a Acciona que están bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostiene que «el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para» Ábalos y García se sitúa en torno a un millón de euros.
Esta cantidad, dice, es «un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas», y lanza por hipótesis: si el «premio» fuese un 1 % del valor de las adjudicaciones -«porcentaje aún muy contenido»-, este «equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros».
Algo que, concluye, «refuerza» la idea de que más personas, «físicas o jurídicas» se puedan haber lucrado.
El juez destaca también el «elocuente denominador común» de las obras presuntamente amañadas en diferentes provincias (Logroño, Sevilla, Murcia, Barcelona): todas fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que concurría en UTE con empresas de menor envergadura, sin que en ningún caso la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, sino que fue favorecida por criterios de valoración subjetiva.
Ni audios manipulados ni Koldo como ‘agente encubierto’
El juez pone en valor las «tan explícitas» conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García, en las que intervienen Cerdán y Ábalos, y cuyo «inequívoco contenido» el exdirigente socialista no ha cuestionado, sino que ha señalado que no recuerda haberlas mantenido.
Esas conversaciones se hallaron en el registro policial a quien «por algún motivo no difícil de imaginar» decidió grabarlas primero y después conservarlas, dice el juez, que rechaza que se produjesen con el «propósito inmediato» de denunciar los hechos, de modo que «parece difícilmente concebible» que no hubieran existido o que estén manipuladas por Koldo García mediante inteligencia artificial.
Y si Koldo no las manipuló, «menos todavía podría haberlo» la Guardia Civil, de modo que, subraya el juez, ni estamos ante un «delito provocado» ni hay «elemento alguno» para considerar «como hipótesis mínimamente» que el exasesor fuese un «agente encubierto o provocador».
Rechaza así el principal argumento de defensa esgrimido este lunes por Cerdán acerca de una supuesta persecución política por negociar con PNV y EH Bildu la investidura de un «Gobierno progresista».
