El juez imputa a Cerdán, le cita el 30 de junio y ordena a la UCO investigar su patrimonio

Madrid, 20 jun (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar las cuentas, los inmuebles y el correo corporativo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien cita el próximo día 30, para que declare ya en calidad de investigado, tras suspender su declaración del miércoles 25. En concreto, pide investigar las cuentas y productos bancarios en los que figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles y vehículos, además de requerir información tributaria de Cerdán para conocer su situación financiera. Además, el juez quiere acceder al correo corporativo de Santos Cerdán en el PSOE y por eso la UCO ha accedido este viernes, a petición del magistrado, a la sede de Ferraz para proceder al clonado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta corporativa de Cerdán y de cualquier otra usada exclusivamente por él. El magistrado, eso sí, ha aplazado la declaración de Santos Cerdán al lunes 30 de junio para que su nuevo abogado tenga tiempo para desarrollar su defensa eficazmente, y precisa que ya no será voluntaria sino «preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él». Considera que Cerdán «pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser él quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas». Ahora bien, el juez no accede a la petición de las acusaciones populares para que ordene el registro del domicilio y de los despachos que tenía el exsecretario de Organización del PSOE en la sede de Ferraz, así como en el Congreso de los Diputados, porque es una diligencia que no se considera útil en este momento. Explica que «el eventual riesgo de destrucción de pruebas» al que las acusaciones se refieren «no se conjuraría de acordarse ahora la diligencia interesada, resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido aquél, ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación». Cinco empresarios como investigados La investigación de cuentas bancarias se extiende también a cinco empresarios, a quienes cita entre el 4 y el 7 de julio como investigados, entre ellos, a Antxon Alonso, socio de la empresa Servinabar 2000 junto con Cerdán, señalada en el último informe de la UCO por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Junto a Alonso, los otros empresarios son Antonio y Daniel Fernández, Fernando Agustín Merino y José Ruz, como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio». El juez les incorpora en este procedimiento porque su conducta «aparecería también indisociablemente unida» a la de Cerdán. Además, el juez requiere la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los investigados o al de las empresas, Acciona, L.I.C., O.P.R. y Servinabar 2000 en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de la fundación Fiadelso, fundación vinculada con el exministro. Se van a investigar cerca de 500 cuentas bancarias. Rechaza entregar a Cerdán la escritura original de Servinabar Por otra parte, el juez ha rechazado la petición de la defensa de Cerdán de requerir a la UCO que remita una escritura de 2016, hallada en el registro a Antxon Alonso, en la que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar. En esta escritura, fechada el 1 de junio de 2016, Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000, que aparece en el último informe de la UCO como la «vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona». La empresa asegura que Cerdán «no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar». La defensa de Cerdán hizo este requerimiento para poder «acudir a la notaría pertinente a cotejarlo y de poder declarar sobre el mismo», pero el instructor contesta que «es claro que el investigado dispone, y dispondrá siempre a lo largo del procedimiento, del derecho a no declarar, pero no lo es menos que mal podría cotejarse notarialmente un documento privado». Ahora bien, sí que accede a que la UCO aporte con urgencia a las actuaciones una copia de dicho documento, antes de su declaración.