Madrid, 8 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga si la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera pudo incurrir en hasta cinco delitos por su presunta participación en supuestas adjudicaciones irregulares de obra bajo el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Apenas unos días después de que el Tribunal Supremo le remitiese una serie de indicios contra Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero, el juez de la Audiencia Nacional acordó abrir una pieza separada secreta y ordenó a la Guardia Civil que registrase sus domicilios.
Lo hizo al ver indicios de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, delito de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos, según hacía constar en el auto en el que acordaba el registro del domicilio de Pardo de Vera en Santiago de Compostela, al que ha tenido acceso EFE.
José Luis Ábalos, al frente del Ministerio entre 2018 y 2021, cuando Pardo de Vera presidía ADIF, está investigado en el Tribunal Supremo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, aunque el magistrado ha apuntado en alguna resolución también a una posible malversación.
Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2, acordó imputar a la expresidenta de ADIF y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero después de que el juez del Supremo que investiga a Ábalos y al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán por este mismo caso viese «indicios consistentes» contra ellos.
Pardo de Vera y Herrero están citados en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio para aclarar si, como sospecha el magistrado del Supremo, prestaron asistencia al exministro de Transportes, a través de su entonces asesor, Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos «pudieran llegar a buen término».
Según documentación a la que ha tenido acceso EFE, durante el registro a la también ex secretaria de Estado de Transportes, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) clonaron su correo personal e incautaron dispositivos, como un ordenador, y diversa documentación, alguna relacionada con contratos de mascarillas en pandemia. También procedieron al registro de su coche.
En el auto, el juez ordenó a los agentes intervenir «todo tipo de documentación y efectos, cualquiera que sea su soporte» relacionada con los hechos investigados, incluido dinero en efectivo u otros medios de pago, así como cualquier otro efecto o material que ponga en evidencia la comisión de los mencionados delitos.
Los investigadores deben ahora analizar toda la información incautada y remitirla al juez Ismael Moreno, que trata ya de determinar si, desde los cargos que ostentaban, en la presidencia de ADIF y la Dirección General de Carreteras, ambos pudieron facilitar información de expedientes o salidas a licitación «siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía», como apuntó el magistrado del Supremo.
El denominado caso Koldo, que comenzó centrado en contratos de mascarillas en pandemia y ha derivado a presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, se sigue en paralelo en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, que investiga a Ábalos, por ser aforado, y a otros a quienes se atribuyen conductas inescindibles al primero, como Santos Cerdán, en prisión preventiva desde hace una semana.
Ismael Moreno ya investigaba a Isabel Pardo de Vera por su presunta participación en la contratación supuestamente irregular de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas.
