Madrid, 24 jun (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha pedido al Supremo que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio en relación con la contratación de una asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
Considera el magistrado que existen «indicios razonables, sólidos y cualificados» de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia, pudo incurrir en ambos delitos -el de malversación en calidad de coautor- y por ello ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga, ya que el ministro es aforado.
En su resolución, fechada el 23 de junio y a la que ha tenido acceso EFE este martes, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ve indicios de malversación en el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez en 2018 al considerar que fue contratada con fondos públicos, si bien realizó funciones de carácter «estrictamente privado» en atención a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Peinado, que alude a Bolaños como el «ahora investigado» a pesar de que la decisión de imputarle dependerá del Tribunal Supremo, afirma que el ministro «ha podido participar directamente» en el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual, «y ha conocido o no ha controlado» las tareas que desempeñó y por las que percibió un sueldo a cargo de los presupuestos generales del Estado.
El presunto falso testimonio lo sustenta el juez en que el ministro faltó a la verdad en su declaración como testigo el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, donde -subraya- omitió «con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento».
A lo largo de su exposición, el magistrado recuerda asimismo los indicios contra Cristina Álvarez y habla de conductas «inescindibles» respecto a Bolaños en una pieza separada en la que también acordó investigar al delegado del Gobierno, Francisco Martín.
«El paradigma de un oxímoron»
Dice Peinado que se encuentra «ante el paradigma de un oxímoron» porque Bolaños estaba bajo juramento, al declarar en calidad de testigo, si bien su actitud fue «totalmente proterva» (perverso, obstinado en la maldad, según la RAE) y «no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado como un falso testimonio y lo que constituye el indicio principal» de este delito contra el ministro.
Apunta el magistrado que Bolaños -cuya declaración adjunta- manifestó «tras sucesivas reticencias» que el nombramiento de Álvarez fue realizado por Raúl Díaz, coordinador de Personal de Moncloa que emitió un certificado que figura en la causa, un extremo que fue negado por este cuando declaró como testigo los pasados días 14 y 28 de mayo.
Es más, considera que «por las respuestas o las evasivas» del ministro y de Díaz «cabría haber acordado» el registro del edificio del Complejo Presidencia de la Moncloa, «donde constan los archivos» en los que figura el documento que propone el nombramiento de Cristina Álvarez, si bien apunta a que esta diligencia «sería contraria al principio de proporcionalidad» y que actualmente «resulta imposible» continuar la investigación sin acudir al Supremo.
«Colaboración activa»
El magistrado ve una «colaboración activa en los fines» perseguidos por Cristina Álvarez, que considera de «carácter privado y en ningún caso de carácter institucional o sin ánimo de lucro», y subraya el papel de las personas que han tenido «alguna responsabilidad» tanto con su nombramiento como con su posterior mantenimiento en el cargo de directora de Programas, «con cometidos difusos y escasamente concretados, entre ellas Bolaños.
Señala que deben ser consideradas «partícipes» en el delito de malversación «todas aquellas personas que tuvieran bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos» y apunta de nuevo al ministro.
El juez Peinado sigue investigando en el procedimiento principal a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros.
