Madrid, 6 oct (EFE).- El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.
El magistrado ha acordado esta diligencia en un auto a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que esta unidad policial pueda elaborar un informe al respecto.
Se trata, según el instructor, “de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad».
Según Moreno, “no nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas” en la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación.
«Relevante participación» en adjudicaciones irregulares
Para el juez, de la investigación se infiere la existencia de indicios de criminalidad respecto a estos dos investigados, “que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (Mitma) entre los años 2018 y 2021″.
El auto destaca, tal y como señalaba la UCO, que los hechos que dan origen a esta pieza separada han relevado que “José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad».
En línea con el Ministerio Fiscal, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener «un provecho económico» y por ello se hace precisa la obtención de la información solicitada por la UCO, a fin de determinar “si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere”.
A través de estas diligencias, la UCO pretende conocer los productos financieros en los que estos dos investigados han figurado o figuran como titulares, autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con la entidad pública Adif o entes vinculados a esta, y las de una comunidad de propietarios relacionada con el ex director general de carreteras, por carecer de interés para la causa.
Sobre Francisco Javier Herrero indica que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project y como titular de la mercantil Palta Naturae. De la primera sociedad consta una cuenta abierta en 2015 y de la otra hay constancia de cuatro cuentas abiertas en 2015, 2021 y en 2024 dos de ellas.
En cuanto a los datos las diferentes entidades bancarias en las que figura cada uno, la UCO quiere conocer los movimientos en esas cuentas desde el 1 de enero de 2017 y que se identifique si hay contratadas cajas de seguridad, así como «todas las informaciones sospechosas de blanqueo» que hayan sido comunicadas al Sepblac, así como las transferencias que se hayan realizado por importe superior a 300 euros.
En cuanto a la agencia tributaria, los investigadores quieren indagar en los ejercicios de 2017 a 2024 y conocer cuentas bancarias en las que figuren, bienes inmuebles, bienes en el extranjero, relaciones societarias, transmisiones de valores, rentas, cheques, fondos de inversión, facturas emitidas y recibidas, operaciones con terceras personas, rendimientos del trabajo, rendimientos por arrendamiento de inmuebles, donaciones o fondos de pensiones, entre otros aspectos.
La UCO tiene además pendiente remitir al juez Ismael Moreno el análisis de toda la documentación incautada en los registros vinculados a estos dos investigados, acordados a raíz del informe que esta unidad emitió en junio en la causa del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo por afectar a aforados -en concreto el exministro de Transportes José Luis Ábalos-, y que supuso el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Lo que se trata es de determinar si, desde los cargos que ostentaban, en la presidencia de ADIF y en la Dirección General de Carreteras, ambos pudieron facilitar información de expedientes o salidas a licitación «siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor (Koldo García), les impartía», según sospechan los investigadores.
Pardo de Vera está también siendo investigada en este juzgado por la presunta contratación irregular en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, de la que fuera pareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.
