Madrid, 6 may (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha ordenado a la Universidad Complutense que informe sobre la contratación de la que fue coordinadora del máster que dirigió Gómez, detallando cuál fue el proceso de selección, sus funciones y su retribución.
En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado solicita información a la institución académica sobre Blanca de Juan de Castro, quien ya declaró como testigo ante el juez el pasado 26 de febrero en relación con el máster que dirigió Begoña Gómez.
En concreto ordena que “a la mayor brevedad posible, y siempre dentro del plazo de diez días”, la universidad informe al juzgado sobre quién contrató a Blanca de Juan de Castro, dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, cuáles eran las funciones que tenía encomendadas y qué retribución tenía y con cargo a qué partida presupuestaria.
Esta trabajadora dijo durante su declaración ante el juez, según informaron fuentes presentes en su declaración, que fue coordinadora de másteres de la Complutense y que fue Begoña Gómez quien la propuso coordinar la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Reconoció que alguna vez puso en copia en sus correos a la asesora de Begoña Gómez -Cristina Álvarez, investigada en la causa-, porque implicaban temas de agenda de la mujer del presidente del Gobierno, según las fuentes.
El juez llegó a advertirla de que incurriría en un delito de falso testimonio si faltaba a la verdad y le pidió más concreción, a lo que ella contestó que a la citada asesora sólo le preocupaban los asuntos relacionados con la agenda de Begoña Gómez, para coordinar su seguridad.
Negó además, en la sede judicial, haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados en este procedimiento.
Esta trabajadora también compareció en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra y el máster de Begoña Gómez, en la que no contestó a las preguntas concretas sobre el software que se investiga porque -dijo- se trata de una cuestión judicializada.
Allí dijo que como coordinadora “jamás” se sintió presionada para agilizar los procesos administrativos para formalizar los presupuestos del máster.
El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cuatro supuestos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.
Además mantiene abierta una pieza separada en la que investiga un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
La próxima semana, el día 14 de mayo, Peinado tiene previsto tomar declaración al responsable de personal de Moncloa cuando se nombró a Cristina Álvarez, así como a responsables de diferentes empresas que financiaron el software que se creó en el seno del máster que codirigió la mujer del presidente del Gobierno.
