En sus autos, el juez afirma que hay «indicios bastantes» de que ambos podrían haberse beneficiado, «a cambio de un precio» y en colaboración, presuntamente, con Cerdán, Ábalos y el exasesor Koldo García, de la adjudicación de obras, y apunta a posibles delitos de integración en organización criminal y cohecho. Según las fuentes consultadas, Antxon Alonso ha reconocido que Santos Cerdán firmó en 2016 el documento hallado en su casa para convertirse en socio de la empresa Servinabar, pero que nunca se ejecutó, y ha situado al exasesor Koldo García como comisionista para obra privada antes de llegar al Ministerio con Ábalos. No entiende el juez el motivo por el que Antxon Alonso, «buen amigo de don Santos según se proclama», conservaba ese documento privado «tantos años después» en su domicilio; ni tampoco que dos años después, en 2018, «interviniera don Santos Cerdán en una donación» de 4.500 euros efectuada por Servinabar 2000 a la Fundación Fiadelso, «estrechamente vinculada» a Ábalos y a su familia. Merino, por su parte, ha dicho que no tenía poder de decisión sobre las obras a las que se presentaba Acciona, ha subrayado que algunas de las que aparecen en el informe de la UCO eran privadas y se ha desvinculado del documento llamado M.Fomento que este le envió, con nombres de diferentes cargos cuando José Luis Ábalos llegó al Ministerio, al señalar que el exasesor se lo mandaría por error . El magistrado no advierte riesgo de fuga en ninguno de los dos empresarios investigados, con «arraigo bastante en España», y recuerda que ya se practicaron registros en sus domicilios y que se recabó información bancaria de ambos. A diferencia del caso de Santos Cerdán, a quien envió a prisión preventiva el pasado lunes, tampoco ve en ellos riesgo de que pudieran alterar o destruir pruebas.
