Madrid, 3 jun (EFE).- La investigación al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos seguirá su curso en la Audiencia Nacional, al menos, durante seis meses más, debido a las diligencias e informes que se encuentran pendientes y que podrían dar lugar a «nuevas imputaciones».
Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, en la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, prorroga las pesquisas, al menos, hasta el próximo 21 de diciembre, «sin perjuicio» de futuras prórrogas.
Lo hace, según explica, debido a las diligencias de investigación que aún están pendientes de cumplimentar, «cuyo avance irá determinado muy seguramente, como se ha indicado, con la práctica de nuevas diligencias de investigación e, incluso, nuevas imputaciones».
Entre esas diligencias el juez menciona el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe entregar sobre las entradas y registros efectuadas en octubre y diciembre del año pasado, entre las que figura las que afectan al empresario Víctor de Aldama, pieza clave de otra investigación, la que instruye el Tribunal Supremo sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas, que afecta al exministro José Luis Ábalos.
Pedraz, a cargo del Juzgado Central de Instrucción 5, recuerda asimismo que está pendiente la respuesta de las autoridades judiciales portuguesas sobre una serie de órdenes europeas de investigación cursadas al país vecino.
Y también el informe de la Agencia Tributaria que debe cuantificar las cantidades que la trama que el juez investiga ha defraudado a Hacienda.
Esta investigación echó a andar el 21 de junio de 2024, si bien adquirió notoriedad con el arresto en octubre del empresario Aldama y de su socio Claudio Rivas, a quienes el juez envió a prisión por su presunta implicación en un fraude millonario de IVA en el sector de hidrocarburos.
La declaración voluntaria de Aldama ante otro juez, el que investiga la parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, en la que implicó a altos cargos en el supuesto cobro de comisiones, le posibilitó su puesta en libertad tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Pedraz investiga en el caso hidrocarburos un presunto fraude de 182,5 millones de euros que, sumado a otros supuestos fraudes anteriores, la Guardia Civil ha elevado en alguno de sus informes hasta los 231,7 millones.
