Madrid, 30 jul (EFE).- El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha prorrogado seis meses la instrucción del caso Koldo ante «el muy significativo volumen de material intervenido» que queda aún por analizar y a expensas de los informes de la Guardia Civil que quedan por entregar y que afectan, entre otros, al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, y que pueden dar lugar a nuevas diligencias.
El juez acuerda en un auto esta prorroga, que tendrá efecto desde el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de marzo.
Es la segunda que decreta el magistrado en la causa del caso Koldo que se instruye en el Supremo desde que se hiciera cargo de la parte que afecta a los aforados, principalmente el exministro José Luis Ábalos, y a los investigados conexos, su exasesor Koldo García o el comisionista Víctor de Aldama.
La prorroga se fundamenta en «el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro e intervenciones telefónicas» acordadas en su día por el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional y que todavía se está analizando por la UCO, lo que podría dar lugar «a la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación».
También el resultado de las diferentes testificales y periciales acordadas, añade el auto, pudieran dar lugar igualmente a la practica de nuevas diligencias, y el hecho de la reciente incorporación al procedimiento, en junio, de seis personas más, Cerdán y los empresarios presuntamente vinculados con mordidas a la trama, obligan a prorrogar la instrucción.
A este respecto, el juez apunta que deberá analizarse «el conjunto de expedientes administrativos relativos, al menos, al proceso de licitación y adjudicación de las obras» señaladas en el último informe de la UCO, del pasado 5 de junio.
Dicho informe, basado en los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024 -un total de 10 terabytes-, derivó en la práctica de una decena de entradas y registros en viviendas particulares, entre ellas la de Ábalos, y en sedes sociales, como la de Servinabar, en las que se intervinieron dispositivos y documentación que se está analizanr.
Una vez que el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional de Cerdán, agentes de la UCO se dirigieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para acceder a su correo personal.
Ese mismo día, se personaron también en el Ministerio de Transportes para acceder a la cuenta de correo corporativa de Ábalos, y a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para acceder a los expedientes de obras «de cuya adjudicación indebida existían consistentes indicios».
El juez acordó también pedir a «múltiples entidades bancarias» información sobre cuentas vinculadas, entre otros a Cerdán, y a diversas personas jurídicas, de los que asimismo solicitó información a la Agencia Tributaria, para que la UCO pudiera elaborar un informe «comprensivo» sobre la situación patrimonial del exdirigente socialista.
El 10 de julio, y en relación a la investigación sobre Cerdán y las empresas presuntamente vinculadas a la trama, el juez pidió a la Agencia Tributaria y a la Hacienda Foral de Navarra diversa información acerca de distintas personas físicas y jurídicas, y requirió a la Tesorería General de la Seguridad Social distintos datos relativos también a diferentes personas físicas y jurídicas.
También acordó recabar información relativa a José Luis Ábalos Meco, tanto a la Secretaría General del Congreso de los Diputados como al PSOE.
Por último, y a petición de Cerdán, el juez ordenó la practica de un informe pericial sobre los audios intervenidos a Koldo García para determinar si pudieron ser manipulados, como sugiere la defensa del ex secretario de Organización del PSOE.
