Bogotá, 31 jul (EFE).- El juicio contra siete antiguos mandos de las extintas FARC entró este jueves en su etapa final con el inicio de la audiencia de verificación, un paso previo a la sentencia por 21.000 casos de secuestro cometidos durante el conflicto armado colombiano, aunque tres de los acusados no asistieron a la diligencia.
Esta audiencia, que se extenderá hasta el viernes en Bogotá, busca verificar si los siete exjefes del último secretariado de las FARC han cumplido con sus aportes a la verdad en el denominado ‘Caso 01’, que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el extinto grupo insurgente para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Este caso investiga los secuestros perpetrados por la extinta guerrilla y tiene como procesados a siete exjefes del último Secretariado, que son Rodrigo Londoño (conocido en su época de guerrillero como ‘Timochenko’), Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Parra, Pablo Catatumbo, Milton Toncel y Rodrigo Granda.
La JEP ha acreditado 4.213 víctimas de secuestro en este caso.
A la audiencia asistieron 80 víctimas, y aunque estaba previsto que también lo hicieran los siete excomandantes de la guerrilla, tres de ellos -Londoño, Catatumbo y Granda- no se presentaron por razones de salud.
«Insistimos en la importancia de comparecer de manera presencial. Recordemos que los comparecientes de las extintas FARC que están sometidos a la jurisdicción tienen una comparecencia forzosa, como también lo tienen los miembros de la fuerza pública», sostuvo en la audiencia el magistrado de la JEP Camilo Suárez, quien agregó que «no solo es una responsabilidad jurídica, es un compromiso ético, moral».
Posible primera sentencia
La audiencia de verificación continuará el viernes con el análisis de los compromisos de los imputados en materia de reparación y de los proyectos restaurativos identificados junto a las víctimas durante el proceso judicial.
A partir de entonces, el tribunal tendrá veinte días hábiles para emitir la sentencia, que podría ser la primera de la JEP desde su creación hace siete años, y definirá la situación jurídica de los siete acusados que reconocieron responsabilidad por los secuestros.
«Esta diligencia del Tribunal para la Paz de la JEP no solo abre la puerta a las primeras sentencias con contenido restaurativo, sino que representa una apuesta colectiva por convertir lo que nos pasó durante el conflicto armado en compromisos reales de verdad, reparación y no repetición», sostuvo la JEP en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente de la Jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, subrayó -en una rueda de prensa previa a la audiencia- que antes de llegar a este punto «se han celebrado numerosas reuniones con las víctimas, con sus representantes, escuchando precisamente todas sus inquietudes, resolviéndolas».
«Hoy también van a tener una participación muy activa las víctimas para que se pronuncien precisamente sobre esos proyectos y esto es ya la etapa final previo a la imposición de la sentencia», señaló Ramelli, en la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, donde se lleva a cabo la audiencia.
El magistrado recordó que la «macroimputación» hecha en este caso «no solamente fue por la toma de rehenes, sino por todas las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de la libertad o secuestradas».
«Ahí está el tema de violencia sexual, está el tema de la tortura, está el tema de la desaparición», indicó Ramelli, tras sostener que los imputados «aceptaron que sí hubo reclutamiento de menores, aceptaron que hubo menores que fueron fusilados, aceptaron que existieron casos de violencia sexual, pues la discusión fue si existían patrones o si eran casos individuales».
