Algeciras (Cádiz), 21 sep (EFE).- El juicio por el hundimiento del Rúa Mar, el pesquero que naufragó en enero de 2020 en el Estrecho de Gibraltar con seis tripulantes a bordo y que la Audiencia Nacional vinculó con una trama de tráfico de hachís, comenzará mañana en Algeciras (Cádiz) con seis personas encausadas por diversos delitos para los que la Fiscalía pide más de cien años de prisión.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el principal acusado es el armador del pesquero, P.S.M., para el que la Fiscalía Antidroga pide 114 años de prisión por delitos de homicidio, pertenencia a organización criminal, contra la salud, contra los trabajadores, blanqueo de capitales y estafa en grado de tentativa.
Los hechos se remontan a la noche del 22 de enero de 2020, cuando el pesquero zarpó de Barbate (Cádiz) rumbo a las aguas del Estrecho en las que solía faenar, próximas a Marruecos. La activación de la radiobaliza del barco, al entrar en contacto con el agua a 28 millas (unos 50 kilómetros) de cabo Espartel, alertó de su hundimiento.
Cuatro días después, el mar hizo emerger el cadáver de uno de los seis tripulantes, el de un tío del armador del pesquero, y dos días después, frente a las costas de Tarifa, fue hallado el cadáver de un marinero. Los cuerpos de los otros cuatro tripulantes nunca aparecieron.
La trama del Rúa Mar daría un inesperado giro días después, cuando se supo que la Audiencia Nacional investigaba a este y otros pesqueros del Estrecho por su supuesta vinculación con el tráfico de hachís procedente de Marruecos, aprovechando su actividad próxima a las costas africanas.
En la Operación Matraca, meses después del hundimiento, fue detenido el armador del barco y su padre, que durante años fue presidente de la Federación de Armadores de Andalucía.
La investigación de la Fiscalía Antidroga determinó que el Rúa Mar fue desde Barbate hasta una zona marítima de Marruecos a recoger un cargamento de hachís que trasladaría después a las costas de Cádiz.
Más de un siglo de cárcel
Los implicados en esta trama serán juzgados desde mañana en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras. Seis hombres se sentarán en el banquillo, entre ellos el armador del pesquero, principal encausado, para el que la Fiscalía pide más de cien años de cárcel por homicidio, pertenencia a grupo criminal, narcotráfico, estafa, blanqueo de capitales y delitos contra los derechos de los trabajadores.
En enero de 2020, el armador planeó con otros acusados una operación de traslado de hachís. Para ello, la madrugada del 22 de enero el Rúa Mar salió de Barbate con seis marineros como tripulación declarada y otros dos que no fueron declarados.
Uno de los marineros llamó al teléfono del armador para comentar que tenían una avería. La embarcación permaneció toda la tarde del día 22 en la misma zona marítima, de aguas marroquíes, en la parte oeste de Tánger.
La madrugada del día 23, Salvamento Marítimo intentó llamar hasta en cinco ocasiones al armador para informarle de que la baliza de posicionamiento de la embarcación había saltado, lo que significaba que el mástil había tocado agua.
A las 3:10 horas Salvamento Marítimo consiguió finalmente hablar con el armador para preguntarle si tenía «algún modo de contactar con la embarcación» y el acusado contestó que no tenía forma de contactar «omitiendo, con desprecio de los riesgos que sabía estaban incurriendo los marineros, que la tripulación poseía un teléfono satelital con el que se comunicaba con él».
Según la radiobaliza, el barco se hundió a las 1:30 horas a 28 millas de Cabo Espartel (cerca de Tánger).
Tras el hundimiento se inició un amplio dispositivo por tierra, mar y aire, para localizar el barco y a sus tripulantes. Los cadáveres de dos de ellos fueron recuperados en la costa, pero otros cuatro desaparecieron en el mar.
Tres días después, aparecieron flotando en el mar dos fardos de 25 kilos cada uno de ellos de hachís, que según la fiscal, eran los que transportaba el Rúa Mar.
Junto al armador del pesquero, se sentarán en el banquillo el resto de los acusados, para los que al Fiscalía solicita penas menores, ya que el armador es el único acusado de los seis delitos de homicidios por los que pide 15 años por cada uno de ellos.
La fiscal pide también que el armador pague 12 millones como multa, otros 1,9 millones a Salvamento y Seguridad Marítima e indemnizaciones de entre 200.000 y 400.000 a las esposas e hijos de los seis fallecidos.
