Sevilla, 7 jul (EFE).- La Audiencia de Sevilla afronta desde este lunes la recta final del macrojuicio por la adjudicación a la empresa México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), que sienta en el banquillo a dieciséis acusados en una causa en la que la Fiscalía no ve delito.
La Sección Tercera ha reservado para los días 7, 8, 9, 14 y 15 de julio la fase de conclusiones definitivas e informes finales de cada una de las partes personadas en el juicio, que ha conllevado cerca de cuarenta sesiones y que arrancó a principios de marzo con las cuestiones previas.
Las defensas plantearon entonces vulneración de derechos y lamentaron la «pena de banquillo» de los procesados, mientras que la Fiscalía negó dicha vulneración durante la investigación de la causa y defendió la actuación por parte de la jueza de Instrucción 3, que pidió su archivo en dos ocasiones.
En esta causa están procesados en su mayoría funcionarios y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del proceso, entre ellos el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, además de los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno.
Fernández, procesado por su labor anterior como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta ha defendido esta misma semana la «absoluta legalidad» del proceso y ha dicho que no dio indicaciones, instrucciones o sugerencias sobre ningún aspecto del concurso minero.
Por su parte, la que fuera directora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio ha declarado que los miembros de la mesa fueron asignados de acuerdo a la legislación, que no se hizo «por afinidad personal» y que la decisiones se tomaron por unanimidad, mientras que otros funcionarios de la Junta también negaron al inicio del juicio irregularidades.
La macrocausa se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, firma que también optaba a la concesión de la mina y que apuntó la existencia de supuestas irregularidades -como tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude- durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso, unos hechos en los que la Fiscalía no ve delito.
