Madrid, 19 jun (EFE).- Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación al acusarle de filtrar datos «confidenciales» de su caso de fraude fiscal, para construir «un relato político lesivo».
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Gabriel Ramos solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.
Y para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.
Además, solicita una indemnización conjunta de 300.000 euros por los «padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador».
Los padecimientos, continúa, «se han alimentado desde su origen de los recursos institucionales de la Fiscalía General, de la Presidencia del Gobierno de España y del PSOE, afectando a su dignidad y generando constantes sufrimientos, inconvenientes, padecimientos, angustias e incertidumbres a González Amador y todo su entorno familiar directo».
Todo ello es «fruto y resultado de la actividad delictiva» desplegada por García Ortiz «con la esencial colaboración» de Rodríguez, a quienes acusa de haber actuado «despreciando toda la normativa que regula su actividad y violando el primero y más elemental de sus deberes», como es el deber de secreto.
Porque «los daños se han multiplicado como consecuencia de la causa -ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid- y fin de la revelación -construir y ganar un relato político-«.
Y añade que «la intensidad de uso del relato político lesivo construido a partir de la actividad delictiva de revelación ejecutada por García Ortiz y Rodríguez ha sido continua y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan (incluida esta)».
El letrado explica que García Ortiz «viendo de forma palmaria la capacidad de lesión política asociada a la revelación de esa comunicación del abogado de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid a través de su publicación (…) ideó y ejecutó su revelación a través de la Cadena Ser», en concreto, con un periodista con quien estaba en contacto, al menos, desde las 21:38h.
Fue entonces cuando la pareja de Ayuso pasó a formar parte «del contenido de la política de comunicación del Gobierno y del PSOE» en manos de los entonces secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.
En su opinión, «resulta imposible concebir una actuación» de sendos fiscales de «mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo», todo ello con la finalidad de «ganar el relato político» por «tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid» y «con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial».
