Madrid, 25 ago (EFE).- El apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril cumple esta semana cuatro meses a las puertas de que, finalizado el parón veraniego, se retome una actividad parlamentaria que, en su recta final de año, girará en torno a este episodio.
El 4 de septiembre se retomarán las comparecencias de expertos ante la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el ‘cero eléctrico’, según la agenda del Senado, aunque lo más urgente para el tejido productivo es saber cuándo lanzará el Gobierno su nuevo decreto ‘antiapagones’ tras el ‘no’ del Congreso al anterior.
Medidas troceadas
El futuro real decreto ley que reciba el visto bueno del Consejo de Ministros incorporará medidas para reforzar el sistema eléctrico nacional que necesitan someterse a convalidación parlamentaria.
Será, por tanto, una iniciativa al margen de la propuesta de real decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica tramita por la vía de urgencia y que, una vez en vigor, actuará sobre la supervisión, control y transparencia, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.
El menor rango normativo de este último proyecto le permitirá esquivar la votación del Congreso, que el pasado 22 de julio derogó el primer decreto ‘antiapagones’ con los ‘noes’ de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA.
En su caso, el Ejecutivo prevé aprobarlo lo más rápido posible, siempre dentro de este año, y cree que ninguna de las medidas del real decreto generará una oposición tal como para que este sea recurrido.
Comisiones parlamentarias
Con el nuevo curso también se retoma la comisión de investigación del Senado, la más avanzada de las tres -las otras dos se siguen en el Congreso- creadas por los grupos parlamentarios.
De acuerdo con el orden del día de la Cámara Alta, el 4 de septiembre, a las 11:00 horas, comparecerá el director de Energía y Proyectos de Losán, Jorge Antonio González, para exponer sus análisis, mientras que a las 13:00 horas lo hará el ingeniero industrial Fernando Ley.
Ambos sucederán al experto José Manuel Clamagirand, que señaló que no ha existido ninguna planificación que tuviera en cuenta la tensión del sistema eléctrico, y advirtió del riesgo que supone tener un solo tipo de energía funcionando.
En el plan de trabajo de esta comisión se incluyen altos cargos políticos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y directivos de empresas como Redeia -matriz de Red Eléctrica-, Iberdrola España, Naturgy o Endesa.
Además de esta, el pleno del Congreso aprobó el pasado 28 de mayo las solicitudes presentadas, por un lado, por el PP, y por otro, por el PSOE y Sumar, para crear sendas comisiones sobre los mismos hechos. Está por ver cómo evolucionan y qué calendario establecen.
Otras investigaciones
Fuera del ámbito político, también se prevé que avance la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que completará la fotografía del ‘cero eléctrico’ y determinará, llegado el caso, las posibles responsabilidades sobre estos hechos.
Si se deducen infracciones graves o muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta los 60 millones de euros.
Este veredicto llegará una vez conocido el informe del comité liderado por Transición Ecológica, que concluyó que el incidente se produjo por un problema de sobretensión con origen multifactorial.
Conforme al trabajo, ese día faltaron recursos de control de tensión bien porque no estaban programados con suficiencia (tarea de Red Eléctrica), bien porque los que estaban no funcionaron adecuadamente (labor de las eléctricas) o por una combinación de ambas.
Aunque se interpretó como un reparto de culpas, desde el Gobierno se ha insistido en que es a la CNMC -y, en su caso, a la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa que se inició para esclarecer si el apagón fue un sabotaje-, a quienes corresponde identificar si hubo responsables.
También está abierta la investigación de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), que prevé tener su informe fáctico para el próximo 3 de octubre, pese a las «importantes dificultades» para recopilar datos relevantes por parte de varias distribuidoras y generadoras.
En una segunda fase, el panel de expertos emitirá un último informe, que se espera de tres a cuatro meses después del inicial y que será presentado a la Comisión Europea y a los Estados miembros a través del Grupo de Coordinación de Electricidad.
