Pamplona, 3 abr (EFE).- El Parlamento de Navarra ha rechazado dos iniciativas que buscaban vetar el acceso a la docencia en centros públicos de Navarra a personas condenadas por su pertenencia a ETA, así como evitar que se beneficien de subvenciones por actividades con menores.
Las dos iniciativas habían sido presentadas por UPN y apoyadas además por el PPN, el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita -estos dos últimos elegidos en la lista de Vox-, que suman 20 escaños de los 50 del Parlamento foral, donde han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
La iniciativa surge tras conocerse que una persona que había cumplido condena por su pertenencia a ETA es actualmente profesor de un instituto público en Navarra, algo que “a cualquier demócrata le repugnaría”, ha considerado la portavoz de UPN en el debate, en el que ha cuestionado los informes del Consejo de Navarra y de los servicios jurídicos del Parlamento que apuntan a la posible inconstitucionalidad de la limitación de derechos pretendida.
Y precisamente a estos informes se han remitido los grupos que han rechazado las iniciativas para argumentar sus posturas, al entender que la iniciativa de UPN adolecía de inseguridad jurídica en su forma, aunque también privaba del derecho a la reinserción.
En el turno de defensa, no obstante, el portavoz de UPN, Javier Esparza ha sido contundente al considerar que el rechazo a su propuesta es “el pago de otra factura” del PSN a EH Bildu, que “tiene arrodillados al socialismo español y navarro”, y ha rechazado que los condenados por terrorismo “no pueden ser modelos de nada ni de nadie” y aún menos para los jóvenes.
También Javier García (PPN) ha incidido en que el PSN “se sitúa en el lado oscuro de la historia” y que la propuesta es “una cuestión de sentido común”.
Por el Grupo Mixto, Emilio Jiménez (Vox) ha aplaudido una proposición “valiente” que ha obligado a quienes la han rechazado a “mostrar sus vergüenzas”, mientras que su excompañera de partido, hoy parlamentaria no adscrita Maite Nosti, ha considerado inadmisible que “quienes han cometido los delitos más atroces contra la infancia puedan acceder a espacios educativos”.
En contra, Inma Jurío (PSN) ha justificado su voto en el “absoluto respeto” a la ley, como constatan los informes “suficientes y contundentes” que advierten de la “invasión de derechos” que supondría el veto a la docencia si se atenta contra la intimidad y la protección de datos personales.
Irati Jimenez (EH Bildu) ha considerado inútil entrar “en el debate que pretende UPN”, cuya iniciativa es realmente “una decisión política que impone un marco punitivo”, “no analiza si se respetan o no derechos fundamentales, y eso es propio de una conducta autoritaria, que solo se sostiene por la manipulación mediática y el debilitamiento de derechos “.
Blanca Regúlez (Geroa Bai) también ha hablado de la necesidad de abordar el futuro tras el fin de ETA con otra mirada, y ha sido muy crítica con la “demagogia y oportunismo político desmesurado” de la propuesta de UPN, además de considerar respaldado su rechazo por los informes jurídicos que alertan de la “invasión competencial y vulneración de derechos” de la propuesta.
En la misma línea, Miguel Garrido ha argumentado por Contigo-Zurekin el derecho a la reinserción y ha cuestionado dónde ponerle límites, por lo que ha considerado que UPN busca “o bien instrumentalizar el dolor o bien ampliar el castigo con la exclusión social a determinadas personas en esta comunidad”, además de “perpetuar un conflicto”.
