El PP avisa de que las cámaras chinas en las fronteras “comprometen la seguridad nacional”

Imagen de archivo (13/03/2025) de la diputada del PP, Sofía Acedo Reyes en el pleno del Congreso. EFE/ J.P.Gandul

Melilla, 6 ago (EFE).- La portavoz adjunta del PP en el Congreso Sofía Acedo ha exigido explicaciones “claras y transparentes” al Gobierno sobre el uso de cámaras de videovigilancia de origen chino en las fronteras de Ceuta y Melilla ya que, tal y como advierte, “comprometen la seguridad nacional y la soberanía tecnológica” en dichas zonas.

“¿A qué está jugando el Gobierno de España con la seguridad de todos y de nuestras fronteras?”, ha preguntado Acedo, que ha asegurado que la marca de las cámaras que ha adquirido el Gobierno está vetada en la Unión Europea y en países como Estados Unidos y Reino Unido.

Ha dicho que el Ejecutivo central “no tiene ninguna garantía de que las imágenes que se graben a través de estas cámaras no sean supervisadas por un país extranjero como la República Popular China o que el propio funcionamiento de las mismas no pase por una necesaria dependencia de este país”.

“Estamos hablando de la frontera sur de la Unión Europea, la frontera de España con Marruecos”, ha subrayado, apostando por que se impulse “una mayor vigilancia, control y protección con todas las garantías de soberanía en estas tecnologías y sistemas para España”.

El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso y Senado de los ministros de Exteriores, Defensa, Interior y Justicia, José Manuel Albares, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, respectivamente, para que den explicaciones sobre la adjudicación de los contratos con Huawei y que, a su juicio, son considerados de “alto riesgo” para la seguridad del Estado.

Acedo ha considerado “inadmisible que el Gobierno priorice, presuntamente, los intereses de sus intermediarios, como Zapatero, frente a los intereses del Estado, los intereses de España”.

Por ello, desde el PP piden “transparencia” y que se elabore una evaluación de riesgos con una auditoría “urgente” del funcionamiento de estos contratos que garantice la ausencia de interferencia extranjera “en una materia tan sensible y comprometida como la seguridad, en el control y vigilancia de las fronteras exteriores, la integridad territorial española y la seguridad nacional”.