Madrid, 28 ago (EFE).- El sistema para derivar menores no acompañados desde Canarias, Ceuta o Melilla al resto de comunidades ha entrado en vigor este jueves, en una nueva jornada de enfrentamiento político entre el PP y el Gobierno, ahora por el aviso de que las autonomías están obligadas por ley a asumir la acogida.
Canarias y Ceuta y Melilla -dos ciudades autónomas gobernadas por el PP- han pedido ya formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que debe declarar el Gobierno, para que se derive a menores que a día de hoy acogen y a los que lleguen a partir de septiembre, estos en un plazo de quince días.
Tanto Canarias, donde cogobierna el PP, como Ceuta, gestionada por los populares, han exigido y respaldado la reforma de la ley de extranjería que establece un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todo el país, tras años desbordadas, pues, como Melilla, cumplen con el requisito fijado: acoger el triple de menores migrantes de lo que les correspondería.
A este mecanismo, por el que se derivará a 3.000 menores migrantes y a los que lleguen a partir de septiembre, se opone el PP, que votó en contra de la reforma legislativa, y diez comunidades gestionadas por este partido, que han recurrido al Tribunal Constitucional, al igual que Castilla-La Mancha, presidida por el PSOE.
El PP habla de amenazas del Gobierno
Este jueves, las críticas del PP han protagonizado el debate, mientras el Gobierno pide que no pongan excusas. Los populares consideran una «amenaza» el aviso reiterado del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre que si las comunidades no cumplen con la acogida «tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación».
Esa posibilidad aparece recogida en el decreto, del 22 de julio, que establece el protocolo para la acogida de menores y que señala que si una comunidad se niega a recibir a un menor, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a los cuerpos y fuerzas de Seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
En el momento en el que el menor es trasladado, la comunidad autónoma de destino ya tendrá asignada su tutela y custodia, tras un procedimiento en el que puede presentar alegaciones.
El PP considera, sin embargo, que el Gobierno amenaza a los Gobiernos autonómicos del PP y que la policía y la Guardia Civil se tendría que utilizarse para controlar las fronteras y luchar contra las mafias ilegales. Para su secretario general, Miguel Tellado, esta «amenaza» es propia de cualquier régimen «menos de una democracia».
También la Xunta de Galicia ha hablado de amenazas, insultos e intimidación.
Pese a las críticas, el PP ha sostenido que sus comunidades autónomas cumplirán la ley, al tiempo que ha reprochado al Gobierno que esté cumpliendo a cuentagotas con la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo que le ordenó el Tribunal Supremo.
Los populares siguen denunciando además que el sistema no es equitativo porque no se derivarán menores a País Vasco ni Cataluña, un reproche al que se ha sumado Melilla. Sin embargo, los criterios son iguales para todas las comunidades, y estas dos autonomías han quedado fuera de esta reubicación porque su esfuerzo previo es mayor al de otros territorios, como ha recordado el Gobierno.
Destaca además la posición adoptada por Baleares, que se plantea pedir la contingencia migratoria aunque no cumpla el criterio de triplicar la acogida que le corresponde, y que también anunció que buscará frenarlo cautelarmente las reubicaciones a través del Tribunal Supremo.
Pese a una presión migratoria creciente, este archipiélago solo tiene 72 plazas específicas para menores migrantes, el 17,7 % de las 406 que debería tener según la nueva regulación del Gobierno, que fija 32,6 por cada cien mil habitantes.
Por otra parte, Vox, que rompió los gobiernos autonómicos que compartía con el PP por la acogida de menores migrantes, ha endurecido en las últimas horas su discurso y su presidente, Santiago Abascal, ha sostenido que se debería hundir el buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife, que ha calificado de «barco de negreros».
Sus afirmaciones son propias de un «auténtico fascista», ha replicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
