Martí Puig i Leonardi
Barcelona, 25 may (EFE).- Tras acordar con sus socios de investidura la inyección de 4.000 millones adicionales a los presupuestos prorrogados de la Generalitat, Salvador Illa abrirá en las próximas semanas dos nuevos frentes: el futuro del aeropuerto de El Prat y la “financiación singular” para Cataluña.
A estas dos carpetas que el presidente catalán se ha comprometido a abordar se les suma una tercera, sobrevenida: la de la “refundación” de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), después del caso de la menor de 12 años explotada sexualmente por una red pederasta, que centrará parte de la atención en la semana entrante.
Ampliación de crédito en tres capítulos
Illa se había propuesto que antes de que comenzara el año entraran en vigor los presupuestos de 2025, pero se encontró con que ERC rechazó sentarse siquiera a negociarlos -los actuales son los de 2023, aprobados por el Ejecutivo de Pere Aragonès- pese a haber llegado meses antes a un acuerdo de investidura.
En plena crisis interna tras el descalabro de las elecciones de 2024, y con Oriol Junqueras de nuevo al mando tras unas largas y agrias primarias, ERC sí se avino a negociar la incorporación a esos presupuestos de 4.000 millones adicionales procedentes de la mejora de la financiación autonómica y del incremento de la recaudación.
Los republicanos pusieron como condición que la negociación se dividiera en tres fases, aprobando el Gobierno catalán este jueves el último de los decretos de suplemento de crédito; su contenido ha tenido que acordarse también -en paralelo y no en una negociación a tres- con Comuns, cuyos seis diputados son igual de necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.
El Prat, un mal trago para los socios
La salud de la relación con los socios de investidura se pondrá a prueba cuando el Gobierno catalán anuncie sus planes para el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat: Illa dijo en un primer momento que los comunicaría a inicios de año y recientemente ha afirmado que los dará a conocer antes de verano.
“Escucharemos a todo el mundo, pero tomaré una decisión”, señaló en las jornadas del Cercle d’Economia, anticipando el malestar que esto generará en el seno de ERC y, especialmente, de Comuns. Illa siempre ha defendido una ampliación física de la infraestructura, si bien está por ver el detalle de su propuesta final.
Los republicanos quieren que se plantee, en paralelo, cómo la Generalitat y los ayuntamientos pueden incidir en la gobernanza de esta infraestructura -en manos de Aena, sociedad cotizada cuyo 51 % ostenta el Estado-, mientras que Comuns ha dejado claro su rechazo frontal a cualquier ampliación. El margen de acción de los socios será sin embargo limitado, pues en este caso no será necesario el aval del Parlamento de Cataluña.
El melón de la financiación, antes del 30 de junio
El 6 de junio tendrá lugar en Barcelona la Conferencia de Presidentes, un foro en el que no está previsto que se trate la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque sí sobrevolará el encuentro dada la oposición del resto de autonomías a los planes de la Generalitat.
El PSC y ERC acordaron -y el PSOE avaló- que la nueva financiación “singular” para Cataluña se formalice antes del 30 de junio, de modo que el año próximo la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda recaudar ya el IRPF.
Un comité de expertos está elaborando la propuesta para implementar la financiación singular, que prevé que se reforme la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el Congreso, para que Cataluña pase a recaudar la totalidad de los impuestos, lo que se compensaría con un aporte a la solidaridad, todavía por definir, a la caja común. El próximo martes, el Govern dará inicio a los trámites para crear 200 plazas nuevas para la ATC.
Catalán en la UE, amnistía, opa y educación
No estarán en las manos de Illa otros cuatro asuntos que seguro condicionarán la agenda política catalana en las próximas fechas.
Se trata de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas (el Consejo de Asuntos Generales lo tratará este martes); la resolución del Tribunal Constitucional sobre la amnistía (24 de junio); la decisión del Ejecutivo central sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell (podría demorarse hasta el 27 de junio, si previamente se eleva al Consejo de Ministros); y la sentencia del Constitucional sobre el modelo de inmersión lingüística (que se prevé inminente).
