El presidente de Colombia afirma que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 3 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que la Fiscalía de Guatemala «obedece al crimen», luego de que la justicia de ese país emitiera una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez.

Petro hizo el comentario al referirse a las denuncias contra los dos funcionarios por supuestas irregularidades cometidas durante su trabajo hace unos años en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y comparó la situación con la supuesta persecución de que fue objeto por el exfiscal general colombiano Francisco Barbosa y con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo.

«La Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías», manifestó Petro en su cuenta de X y propuso que la justicia penal internacional juzgue los crímenes de las mafias.

La orden de detención contra los dos funcionarios colombianos fue emitida por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que dio luz verde a la solicitud de detención contra Camargo y Velásquez planteada por el Ministerio Público de ese país por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales.

Según el fiscal guatemalteco, Rafael Curruchiche, Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.

Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por expertos judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.

También, ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.

Tribunales internacionales contra las mafias

Según el presidente colombiano, «las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos».

«Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer», agregó.

En ese sentido, Petro dijo que invitó «a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional».

Esta es la primera reacción del mandatario a la orden de detención contra Velásquez y Camargo, sobre la cual se manifestó la noche del lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

«Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales», denunció la Cancillería colombiana en un comunicado.

En enero de 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya anunció que emprendería acciones legales contra Velásquez por su gestión al frente de la Cicig, lo que tensó las relaciones con Colombia.

En esa ocasión, Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei (2020-2024), se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa.

En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.