Lisboa, 8 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha tras la decisión del Tribunal Constitucional, que dictaminó la inconstitucionalidad de varias normas.
Rebelo de Sousa indicó en un comunicado publicado en la página web de la Presidencia lusa que devolverá la reforma sin promulgar a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) «a raíz de la sentencia dictada hoy por el Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales cinco disposiciones de la ley».
La reforma fue enviada a la alta corte por el presidente luso al considerar que las modificaciones que se introducen a la reagrupación familiar de los migrantes «parecen restringir de manera desproporcionada y desigual el principio de la unión familiar».
Rebelo de Sousa también consideró que «estas modificaciones pueden provocar un aumento de las rutas migratorias irregulares por parte de otros miembros de la familia que quedan excluidos del derecho a la reagrupación, como es el caso del cónyuge».
Y avisó que podría contribuir «a una mayor estratificación entre las personas migrantes, en función de su cualificación y sector de actividad (…) comprometiendo el principio de igualdad y el principio de no discriminación».
La decisión del Constitucional, aprobada por mayoría según confirmó este viernes en una rueda de prensa su presidente, José João Abrantes, se tomó al considerar que las nuevas normas «pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia» y violar los derechos consagrados en la Constitución.
El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los migrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.
La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a «actividades altamente cualificadas» y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.
Su aprobación vino acompañada de críticas por parte de los partidos de izquierda y de organizaciones de la sociedad civil, que pidieron audiencias con el presidente luso para trasladarle sus dudas sobre la legislación.