San Salvador, 15 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado el lanzamiento de un programa de becas para estudios vocacionales, universitarios y técnicos para “todos los jóvenes” del país.
El anunció se dio durante la presentación de un programa para unos 15.000 jóvenes como parte de la fase de “integración” del plan gubernamental de seguridad.
“Estamos lanzando este programa de becas pero a la vez anunciando un programa de becas que beneficia a todos los jóvenes de El Salvador, con el único requisito de obtener buenas notas, completar el proceso formativo y hacer trabajo comunitario”, dijo Bukele ante miles de jóvenes en San Salvador.
Sin detallar la cantidad de beneficiarios o los costos del programa, agregó que “la mano blanda del Gobierno es la que se encargará de que ustedes tengan oportunidades”.
“A nivel internacional se conoce a este gobierno por tener una mano dura contra el crimen, contra la delincuencia, contra las pandillas, contra el narcotráfico, pero realmente sí tenemos una mano dura contra los malos pero debemos tener una mano blanda y amiga y buena con los buenos”, añadió Bukele.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, aprobado en el Congreso tras el asesinato de unas 80 personas en tres días y que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas.
Este régimen ha dejado la captura de más de 85.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y entre los que Bukele reconoce que se ha detenido al menos a 8.000 inocentes.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a que la Constitución lo prohíbe.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
