Buenos Aires, 11 jul (EFE).- El presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,5 % del PIB, su menor nivel en dos décadas, una problemática que pone en jaque a las casas de altos estudios en donde se forman cerca de dos millones de alumnos.
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la inversión en universidades nacionales cayó en 2024 un 22,1 % y se proyecta un retroceso adicional del 8,6 % para 2025 en términos reales.
Según el estudio, el presupuesto universitario ha caído hasta representar este año un 0,5 % del PIB, su menor valor desde 2005, cuando tocó el 0,49 % del PIB.
«La inversión del Estado en universidades está rondando valores mínimos. Es un ataque en conjunto a la ciencia y a la universidad donde se cierran todas las puertas de estos dos sistemas, el científico y el universitario, que están estrechamente relacionados», señaló a EFE Gabriela Dranovsky, codirectora del Ciicti.
Una de las aristas más afectadas por esta caída es la de los salarios en las universidades nacionales, que han sufrido un fuerte recorte en términos reales desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 y puso en marcha un severo plan de ajuste fiscal.
Según el informe, desde finales de 2023 y hasta junio último, los salarios en universidades nacionales arrastran una pérdida real del 29,3 %.
«Estamos en un nivel salarial más bajo de lo que ganaba un docente en 2002», apuntó Dranovsky.
Clases en peligro
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades de Argentina, advirtió el miércoles pasado en un comunicado que las casas de estudios superiores están en riesgo de no empezar las clases en la segunda mitad del año, cuando termine el receso de vacaciones del invierno austral.
El CIN advirtió que 10.000 docentes han dejado su actividad -una cifra que el Ejecutivo niega- por los bajos salarios de los profesores que no alcanzan en algunos casos para cubrir los gastos de transporte, renuncias que afectan la calidad educativa.
«La situación es grave», advirtieron las universidades.
Los reclamos no son nuevos ni solo salariales: la comunidad universitaria también denuncia un ajuste en los programas y becas para estudiantes y recortes en las áreas de investigación de ciencia y tecnología.
Las demandas de los profesores, el personal no docente, los estudiantes y los directivos de las universidades públicas de Argentina comenzaron a inicios de 2024, poco después de que el Gobierno de Milei pusiera en marcha su ajuste fiscal de «shock», que afectó a la educación, entre otros sectores.
El plan de lucha incluyó varias huelgas y multitudinarias movilizaciones de protesta.
Nuevo proyecto de ley
En 2024, el Parlamento aprobó una ley de financiación universitaria que aumentaba los presupuestos, pero Milei la vetó bajo el argumento de que conspiraba contra su objetivo de superávit fiscal.
El pasado martes, la oposición dio su aval en comisiones en la Cámara de Diputados para debatir en el pleno un nuevo proyecto de ley de financiación universitaria, lo que anticipa una renovada disputa con el Gobierno, que se apresta a vetar otras leyes recientemente aprobadas, también bajo el argumento de mantener la disciplina fiscal.
Fuentes de la Fedun consultadas este viernes por EFE indicaron que en los próximos días definirán acciones concretas para apoyar el proyecto de ley y hacer visible la situación crítica que atraviesan las universidades.
En Argentina, el acceso a la educación universitaria pública es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.
La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en Argentina, donde el peso de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes: un 44,9 % de las personas de entre 15 y 29 años no puede cubrir sus necesidades básicas, según datos oficiales del segundo semestre de 2024.
El peso de la educación superior pública es notorio: unos 500.000 alumnos están matriculados en la educación universitaria privada y casi dos millones en universidades nacionales estatales.
Natalia Kidd
