Rafael Martínez y Miriam Mejías
Madrid, 31 ago (EFE).- El previsible juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la investigación del caso Koldo con los dos últimos secretarios de organización del PSOE implicados acaparan el protagonismo del año judicial, con el expresident catalán Carles Puigdemont a la espera de si el Constitucional le aplica la amnistía.
Será un año de alto voltaje por las implicaciones y consecuencias políticas que arrastran las principales causas judiciales, entre ellas la más que previsible vista oral contra el fiscal general del Estado.
Tras el aval del Tribunal Supremo, al juez Ángel Hurtado le queda el trámite de abrir juicio por un presunto delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso por fraude fiscal, una decisión que se da por hecha. Las acusaciones piden hasta seis años de prisión.
Y también tiene que resolver si suspende como fiscal general a García Ortiz como ha pedido una acusación, un asunto que traerá polémica por la interpretación del Reglamento del Ministerio Fiscal.
Los informes pendientes del caso Koldo
Aunque más ruido político generará el caso Koldo -con el grueso del caso en el Supremo y otra parte en la Audiencia Nacional- por el volumen de material que queda aún por analizar y a expensas de los informes pendientes de la Guardia Civil que afectan al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán y al exministro Jose Luis Ábalos.
Entre otros, sobre el patrimonio de Ábalos y de Cerdán, que ha recurrido su prisión provisional ante el TC; sobre sus correos corporativos en el PSOE, sobre los empresarios investigados por las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones; sobre los audios intervenidos a Koldo García para determinar si pudieron ser manipulados; y sobre los mensajes entre los investigados.
El recurso de Puigdemont y Junqueras contra la amnistía en el TC
Un año más, y como viene siendo habitual desde 2017, Puigdemont tendrá su cuota de protagonismo, esta vez en el Constitucional, que tiene que resolver su recurso contra la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía por malversación, como también ocurre con el exvicepresident Oriol Junqueras y otros líderes del procés.
En paralelo, el tribunal deberá liquidar los últimos flecos de la amnistía, dando respuesta a las dudas del Supremo y a los recursos de los gobiernos autonómicos, y sin descuidar el fallo de la justicia europea sobre la norma, que se espera para finales de año.
Llega el juicio de los Pujol, tras años esperando fecha
El 25 de julio de 2014 el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol confesaba a través de un comunicado que su mujer, Marta Ferrusola, y sus hijos habían mantenido ocultos en Andorra un «dinero» procedente de una «deixa» -legado- de su padre Florenci.
Más de una década después, todos menos Ferrusola -que falleció en 2024- se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional entre el 10 de noviembre y el 23 de abril por la fortuna presuntamente ilícita que amasaron y ocultaron durante décadas. La Fiscalía defenderá una condena de nueve años de cárcel para Pujol y entre ocho y 29 para sus siete hijos.
Del último juicio de Gürtel a la operación Kitchen
En noviembre la Audiencia Nacional pondrá punto y final a los juicios derivados del caso Gürtel, por el que el PP llegó a ser condenado como partícipe a título lucrativo. Entre el 3 y el 17 de noviembre se juzgará la última pieza del caso, centrada en los responsables del grupo del empresario Francisco Correa.
Meses después, en mayo de 2026, arrancará el juicio del caso Kitchen, con el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, su ex número 2 Francisco Martínez y parte de la cúpula policial durante su mandato como acusados por la presunta puesta en marcha de una operación supuestamente orquestada desde el Ministerio en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia en busca de documentos de Gürtel sensibles para el partido.
De Begoña Gómez a González Amador: siguen las investigaciones
Otra de las causas más mediáticas es la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que, como ya sucedió hace un año no ha parado en verano, porque hace unas semanas el juez Juan Carlos Peinado la citó para que declare el próximo día 11 como imputada por malversación junto a su asesora.
Peinado también pidió a Presidencia del Gobierno que le informase sobre si existe una cuenta de correo oficial de este organismo a nombre de Gómez, a quien también investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros.
Por este último delito otra jueza investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus negocios con Quirón Prevención. Una causa que se une a la abierta por presunto fraude fiscal, por la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 3 años y 9 meses de cárcel para él.
Lejos de Madrid, en Badajoz, una magistrada envió a juicio hace meses al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz. EFE
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