São Paulo, 27 mar (EFE).- La Corte Suprema de Brasil requirió este jueves a la defensa de Leonardo Rodrigues, conocido como Leo Indio, primo de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), a aclarar si el acusado huyó a Argentina.
El magistrado instructor del caso, Alexandre De Moraes, citó a los abogados defensores de Rodrigues a que “esclarezcan las informaciones según las cuales el acusado dice haber huido del país” en un plazo de 48 horas.
Este jueves trascendió una entrevista radial en la que Leo Indio afirmaba haberse refugiado en Argentina hace más de 20 días, poco después de que la Corte Suprema decida por unanimidad iniciar una causa penal para juzgarlo por intento de golpe de Estado y destrucción de patrimonio público, entre otros presuntos delitos.
El fallo de la Primera Sala del Tribunal Supremo, compuesto por cinco magistrados de perfil progresista, se produjo el pasado 28 de febrero, luego de que la Fiscalía lo haya denunciado por haber participado directamente en el asalto a los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023.
Este brazo del Supremo Tribunal Federal fue el encargado de tornar reo a Jair Bolsonaro y otros siete acusados este miércoles por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
En la entrevista, Rodrigues desestimó su rol en la intentona golpista que ocurrió a menos de 10 días de la asunción del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que se le acusa solo “por haberse tomado una ‘selfie’ en los alrededores de la plaza de los Tres Poderes”, donde se produjeron los altercados por parte de simpatizantes bolsonaristas.
Leo Indio es hijo de Rosemeire Nantes Rodrigues, hermana de la primera esposa de Bolsonaro, Rogéria Nantes Rodrigues, madre de los primeros tres hijos del líder ultraderechista, el diputado Eduardo, el senador Flávio y el concejal Carlos.
Actualmente espera su juicio y enfrenta acusaciones de asociación criminal armada, intento de golpe y destrucción de patrimonio público, entre otros presuntos delitos.
