Madrid, 6 oct (EFE).- El Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians entregarán el próximo lunes al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, su borrador técnico de la ley de grandes simios, elaborado por expertos en estos animales, zoológicos y normativa legal, para facilitar el trámite de su aprobación sobre una base «rigurosa y viable».
Según informaron ambas organizaciones, se reunirán con el ministro Bustinduy, el lunes 13 de octubre a las 10:30 horas, «tras meses de espera y varios intentos frustrados de diálogo», según un comunicado difundido hoy.
La reunión estaba prevista para este miércoles con la directora de gabinete de la Secretaría de Estado, Miren Braceras Murga, pero se cambió de fecha y se anunció la cita con Bustinduy, lo que fue valorado por ambas organizaciones.
El objetivo principal de esta reunión es «abrir una vía de comunicación sólida y constructiva» que permita «avanzar con urgencia» en la presentación de esta normativa legal, «mandatada» por la Ley de Protección Animal, que entró en vigor hace ya dos años, el 29 de septiembre de 2023.
El borrador, que recoge «años de experiencia científica y jurídica» incluye medidas «esenciales» como la prohibición del uso de grandes simios en espectáculos, circos, publicidad y experimentación científica o comercial, así como el fin de la cría en cautividad y de los traslados entre zoológicos.
El documento, que defiende la «oportunidad histórica» para que España sea «el primer país del mundo» en aprobar una ley de este tipo, aspira al reconocimiento de «derechos básicos» para estos animales, «como la vida, la libertad, la integridad física y emocional y la protección frente al sufrimiento», además de la creación de un registro nacional de todos los que existen en territorio español.
También determina el traslado progresivo de los ejemplares existentes a santuarios o centros especializados que respeten su etología y bienestar y que deberán contar con los recursos económicos necesarios, además de pedir una revisión de las instalaciones zoológicas que resulte en el cierre o reconversión de las que no cumplan los requisitos de bienestar exigidos.
