Madrid, 30 abr (EFE).- El PSOE se ha adherido al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal en el conocido como caso mascarillas, lo mismo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, tal y como han dado a conocer este miércoles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto.
Ha sido ella la primera en anunciar, en declaraciones a la prensa durante el pleno municipal, que el Partido Socialista se ha unido al recurso con el que la Fiscalía busca una condena de dos años de cárcel para el aristócrata Luis Medina por falsedad documental en el conocido como caso mascarillas.
El fiscal no insiste en su recurso en la acusación por el delito de estafa, por el que llegó a pedir en el juicio siete años de cárcel para Medina y otros tantos para el empresario Alberto Luceño, que finalmente fue condenado a tres años y ocho meses por falsedad y fraude a Hacienda.
El 19 de marzo, el tribunal exoneró íntegramente a Medina y absolvió a ambos de estafa al determinar que no quedó probado que, en el marco de la operación de compraventa de material sanitario en plena pandemia, ocultaran al Consistorio madrileño que iban a cobrar una comisión -que ascendió a 6 millones de euros-, algo que además no estaban obligados legalmente a hacer.
Además de dar a conocer que el Partido Socialista se ha adherido al recurso, Maroto ha lamentado que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida “no lo haya hecho”, y ha criticado que “prefiera” recurrir sentencias que van contra vecinos y que no lo haga con otras sentencias como la que avala las obras del piso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Posteriormente, el alcalde ha anunciado, en declaraciones a la prensa, que van a adherirse al recurso de la fiscalía. “Es a mí lo que se me ha comunicado, porque yo no he tenido ningún tipo de influencia. No interfiero en las decisiones de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid”.
Sobre que el Ayuntamiento no haya recurrido la sentencia que avala las obras que Alberto González Amador hizo en el piso en el que vive con la presidenta madrileña, Almeida ha alegado que le corresponde a los servicios jurídicos municipales “estudiar” las sentencias y determinar si los recursos pueden prosperar o no.
Y ha apostillado que, como Abogado del Estado, ha de ser “especialmente pulcro para que nadie pueda entender” que por su formación profesional quiere “influir de cualquier manera” en las decisiones de los servicios jurídicos.
