Madrid, 9 sep (EFE).- Un «comisario sin comisaría» que vendía información confidencial fuera del mercado a la que sólo la Policía podía llegar, la «monetizaba» y «rentabilizaba». Ese era José Manuel Villarejo, según el inspector jefe que le investigó durante años y que este martes ha trazado su perfil policial en su cuarto juicio.
El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos que dirigió la investigación al excomisario ha regresado a la Audiencia Nacional en un nuevo juicio a Villarejo para explicar los pormenores de unas pesquisas que han acabado sentándole en el banquillo y que fundamentan una petición del fiscal de 23 años y medio de cárcel.
Junto a él está acusado el abogado Rafael Redondo, otro de los principales imputados del extenso caso Tándem del que derivan todas las investigaciones, y quien afronta una petición de 18 años y nueve meses.
A ambos se les juzga por el denominado proyecto Saving, por el que Villarejo está acusado de recibir medio millón de euros por acceder presuntamente a tráficos de llamadas de terceros por encargo de un empresario del grupo Persán, ya fallecido, que mantenía un conflicto con el expropietario de la constructora Martinsa-Fadesa.
«Un trabajo de la Policía pero a un cliente privado»
El inspector ha desgranado la investigación que le condujo hacia la «potente» estructura societaria de Villarejo, que ofrecía servicios de investigación privada, como seguimientos o vigilancias.
«Era como un trabajo de la Policía pero a un cliente privado», ha explicado.
Villarejo, ha continuado, ofrecía información «que no está en el mercado»: movimientos bancarios, tráficos de llamadas y otra información que tiene la Policía en los ficheros policiales. Y su fuente era «la propia Policía», según el inspector jefe.
Dentro de la Policía, Villarejo era un «comisario sin comisaría» que tenía la «encomienda» de captar información de interés policial y cuya principal misión era el trato de confidentes e informadores. Y fuera, según el investigador, vendía información, «la rentabilizaba y monetizaba», es decir, «aplicaba los conocimientos policiales al ámbito privado».
A lo largo de sus pesquisas, el inspector ha subrayado que trató de comprobar «algo capital»: si en algún caso Villarejo fue habilitado como agente encubierto, lo que justificaría sus movimientos económicos y le daría algún tipo de cobertura, pero no lo encontraron.
Y es más, ha precisado el inspector, esa condición de doble agente no tendría mucho sentido si se atendía al modo de proceder del excomisario, que se presentaba ante sus clientes como «Pepe Villarejo» y presumía de su vinculación con la Policía.
Medio millón con destino a su patrimonio
Al hablar del proyecto que centra este juicio, el inspector ha destacado un informe «muy explícito» de la empresa vinculada a Villarejo que ofrecía al cliente «vigilancias, seguimientos» y un «estudio económico con medios y materiales».
Tanto los investigadores policiales como la Fiscalía cifran en 501.000 euros el dinero que recibió la estructura empresarial de Villarejo en cuatro cuentas diferentes por este encargo en 2011.
Ese dinero, según el inspector, fue a parar al «patrimonio personal» del excomisario: desde el mantenimiento de la propia estructura societaria -con cuentas en países como Panamá o Uruguay-, hasta el pago de 12.000 euros mensuales de alquiler de su oficina en Torre Picasso, en Madrid, o inmuebles en Estepona (Málaga).
