Madrid, 31 ago (EFE).- El rey Felipe VI preside el próximo viernes el acto de apertura del Año Judicial, con todas las miradas puestas en la intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, que recientemente confirmó su procesamiento, lo que le sitúa a las puertas del juicio.
La expectación es máxima por lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales españoles y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y la alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado y procesado por un delito de revelación de secretos.
Y todo ello en un acto solemne y estrictamente protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso por fraude fiscal, una decisión que se da por hecha. Las acusaciones piden hasta seis años de prisión.
Aunque el discurso del fiscal general se centra en presentar la Memoria de la Fiscalía, desde la judicatura se examinará con lupa lo que tenga que decir, pues es común que se hagan alusiones a otros asuntos al margen de los datos de la memoria.
Su presencia en este acto está en el debate político. Hace una semana, la diputada popular Cuca Gamarra censuró que «a escasos días de la apertura del año judicial», se celebre con «un fiscal general imputado tomando la palabra ante el rey, el CGPJ y la sociedad española». La Fiscalía no puede estar presidida por «alguien bajo sospecha judicial», añadió.
Enfrente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió el miércoles que el fiscal general debe de estar porque «está en plenitud de sus facultades».
Ahora bien, lo que no se espera, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, es que el instructor Ángel Hurtado dicte el auto de apertura del juicio oral antes del viernes, lo que podría añadir todavía más tensión al acto.
Vuelve así la polémica a la apertura, tras la excepción del pasado año cuando, in extremis, se logró designar a Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial, en un acuerdo que se cerró dos días antes del acto, que en años anteriores había estado protagonizado por las críticas a la clase política y los constantes llamamientos del ex presidente del CGPJ Carlos Lesmes a la renovación del Consejo, que estuvo bloqueado desde el diciembre de 2018 a junio de 2024. EFE
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