Washington, 25 ago (EFE).- El salvadoreño Kilmar Ábrego García no podrá ser deportado de Estados Unidos hasta el miércoles después de que la justicia del Distrito de Maryland haya ordenado este lunes una suspensión administrativa de expulsión por dos días, como mínimo.

Mientras que se resuelve la demanda presentada por sus abogados después de que haya sido detenido de nuevo esta mañana por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Ábrego deberá permanecer en territorio estadounidense, explicó el abogado experto en migración Simon Sandoval-Moshenberg, que forma parte de su equipo jurídico, en una rueda de prensa de la organización social CASA.
Sandoval-Moshenberg explicó que, aunque se lo esperaban, el salvadoreño fue detenido tras acudir a las oficinas del ICE para una supuesta entrevista que nunca se produjo.
«El aviso que se le dio que le decía que debía presentarse esta mañana a una entrevista era claramente falso. Le preguntamos al oficial de ICE cuál era el motivo de la detención. Se negó a responder. Le preguntamos al oficial de ICE a dónde lo iban a llevar y se negaron a responder», dijo el abogado.
La detención se produjo en los tribuales de inmigración de Baltimore (Maryland), tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.
Este sábado, la defensa de Ábrego explicó en un comunicado que el Gobierno estadounidense estaba amenazándolo con deportarle a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser deportado a Costa Rica, en su lugar.
Durante el fin de semana, Ábrego entregó dos documentos a la Administración: uno designando Costa Rica como un país «aceptable» para ser deportado y otro indicando «temor» a ser trasladado a Uganda por no tener garantías de cual sería su situación una vez en el país.
«Que lo deporten a Costa Rica no es justicia. Es una opción aceptablemente menos mala. Pero que insistan en llevar a cabo una deportación a Uganda demuestra que el verdadero motivo en este caso no es simplemente sacarlo del país, sino castigarlo y mantenerlo detenido», aseguró Sandoval-Moshenberg.
Según dijo, Ábrego ha recibido garantías de que será un ciudadano libre en Costa Rica, y tendría protección como refugiado para no ser deportado a El Salvador, su país de origen, donde se enfrenta a riesgo de persecución y violencia por parte de las pandillas del país, razón por la que un juez prohibió su deportación en 2019.
Ábrego no tiene aseguradas esas garantías en Uganda.
El Gobierno ugandés anunció a principios de esta semana que había llegado a un acuerdo con la Administración Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos.
Tras la detención, los abogados del salvadoreño presentaron una demanda ante el tribunal de Maryland. La jueza Paula Xinis, la misma que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Ábrego desde El Salvador, está a cargo del caso de nuevo.
Este lunes la defensa celebra una primera audiencia con la magistrada.