Almagro (Ciudad Real), 11 jun (EFE).- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que el Gobierno cumplirá «rigurosamente» la última sentencia del Tribunal Supremo, que determina que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027, sino que deben entrar en vigor de forma inmediata.
«Es la hora de acatar y ejecutar las sentencias de los tribunales. Lo hicimos con las cinco sentencias que se dictaron en el año 2009, lo hemos venido haciendo con las sentencias que se han dictado hasta ahora, y ésta es una más», ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas en Almagro (Ciudad Real) donde ha inaugurado el nuevo radar meteorológico, de la red de radares de la Agencia Estatal de Meteorología, instalado en la Base Militar Coronel Sánchez Bilbao.
Morán ha dicho que el Gobierno cumplirá «rigurosamente, como no puede no puede ser de otra forma» lo que marca la última sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río Tajo, en la que dice que no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas deben entrar en vigor de forma inmediata.
Ha reconocido que «es la sentencia más complicada», pero que el Gobierno la va a ejecutar la sentencia, y al ser preguntado cuándo lo hará ha dicho que «en el momento en que se dicta la sentencia, el Ministerio pone en marcha el tratamiento para definir los términos de la ejecución de la misma».
La última sentencia del Tribunal Supremo, con fecha del 6 de mayo de 2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado 6 de junio, declara nulas las excepciones al cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de agua vinculadas a zonas protegidas, es decir, que se puedan alcanzar los caudales ecológicos en el río Tajo de forma escalonada hasta 2027.
La sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y del Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), contra la aprobación del Plan hidrológico para el tercer ciclo de planificación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
