São Paulo, 7 ago (EFE).- El presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, convocó a una sesión remota para este jueves, tras el boicot que emprendieron parlamentarios de la oposición como medida de protesta a la decisión de la Corte Suprema de ordenar la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro.
En un comunicado, el representante de la Cámara Alta resaltó que «no aceptará intimidaciones» y que el Parlamento «no será rehén de acciones que busquen desestabilizar su funcionamiento», y convocó a una sesión para este jueves, que será realizada «temporalmente» de forma remota con el objetivo de impedir que la agenda legislativa sea «paralizada».
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta, recuperó el control del pleno sobre el final de este miércoles tras más de 24 horas de bloqueo y convocó a una sesión rápida en la que profirió un discurso y no hubo votación.
«La oposición tiene todo el derecho a manifestarse, la oposición tiene todo el derecho a expresar su voluntad (…), pero todo ello debe hacerse respetando nuestro reglamento, respetando nuestra Constitución. No vamos permitir que actos como los que han ocurrido (…) puedan ser más importantes que el pleno y que la voluntad de esta Cámara», expresó el representante.
La ocupación del plenario por parte de los aliados del expresidente se produjo este martes, precisamente en el día en que el Congreso reiniciaba sus trabajos tras el receso de julio.
El boicot, encabezado por los integrantes del Partido Liberal (PL), la formación liderada por Bolsonaro, tuvo lugar en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de ordenar la prisión domiciliaria del líder de la ultraderecha mientras concluye el juicio en el que es acusado de golpismo.
Los parlamentarios opositores ingresaron al recinto y se taparon la boca con esparadrapo en una referencia a la censura que, aseguran, la Corte Suprema le impuso a Bolsonaro, que tiene prohibido transmitir mensajes en sus redes sociales o en las de terceros.
Y condicionaron la normalización de los trabajos en el Congreso a la votación de una serie de proyectos que llamaron el «paquete de la paz», entre los cuales figura una amnistía que beneficie a todos los condenados o procesados por golpismo.
La amnistía sería destinada a los cientos de bolsonaristas ya condenados por haber participado en los violentos asaltos a las sedes de los tres poderes del 8 de enero de 2023, cuando los ultraderechistas intentaron forzar un golpe de Estado, pero se extendería a otros acusados de golpismo como Bolsonaro.
El expresidente es juzgado en el Supremo en un proceso en el que se le acusa de haber liderado un complot para intentar impedir la investidura del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.
El «paquete de la paz» también incluye un proyecto para destituir a Alexandre de Moraes como magistrado de la Corte y una enmienda constitucional para acabar con el fuero privilegiado, para que los legisladores y expresidentes sean juzgados por tribunales de primera instancia y no directamente en el Supremo, como sucede actualmente.
