El Senado, con la mayoría del PP, reprueba al fiscal general y exige su destitución

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo tras declarar en enero. EFE/ Daniel Gonzalez

Madrid, 18 jun (EFE).- El Senado, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, ha acordado este miércoles reprobar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha exigido su inmediata renuncia por el «grave daño» causado al Ministerio Fiscal y ha instado al Gobierno a destituirle en caso de que él no dimita.

Así lo contempla una moción presentada por el PP en el Pleno del Senado, que ha sido aprobada por 146 votos a favor, 103 en contra y 10 abstenciones, en la que insta al Ejecutivo a proponer de forma inmediata la destitución del fiscal general, investigado por un delito de revelación de secretos, por «incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo».

También llama a designar un nuevo fiscal general «que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo».

Por último, insta al Gobierno a dar explicaciones sobre su participación en los hechos investigados en la causa y asumir las responsabilidades políticas derivadas de ello.

La senadora del PP Miriam García ha dicho que la destitución del fiscal, «más que pendiente, está marcada en rojo en el calendario de la dignidad democrática» y ha acusado al Gobierno de «intervencionismo».

Sobre García Ortiz, ha defendido su reprobación porque «lejos de defender la legalidad, se dedica a construir un relato político para proteger al Gobierno y atacar a la oposición».

En respuesta, la senadora socialista María Elena Diego ha criticado el auto judicial que procesa al fiscal. «Nos encontramos ante un auto judicial que se basa en sospechas subjetivas, sin una sola prueba que indique que existe un delito. Dicho auto contradice el informe de la UCO, que no recoge ningún indicio de filtración por parte del fiscal general del Estado», ha explicado.

«Tenemos un abogado que solicita un acuerdo con la Fiscalía reconociendo que su cliente es un defraudador fiscal, con pruebas que lo acreditan. Sorprende que se investigue al fiscal general por revelación de secretos cuando fue el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien ha declarado que él lo filtró», ha lamentado.

Enric Morera, de Compromís, también se ha referido al auto del juez Ángel Hurtado, a quien ha llamado «prevaricador» y de quien ha dicho que tiene «unas afinidades muy importantes» con el PP. «No sé si ustedes le darán instrucciones o qué, pero este señor no sabía quién era M.Rajoy», ha destacado.

Considera «muy grave» afirmar «sin pruebas» que el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid recibieron y actuaron con órdenes de la Moncloa. «En el auto no hay ningún dato que indique lo que este señor afirma, así que tendrá que responder por prevaricación», ha dicho.

Desde Junts, Eduardo Pujol ha lamentado que «entre los ‘hooligans’ del PP y la celebrada frivolidad de la Moncloa, tenemos la sensación que a la pobre justicia le han robado el pañuelo que lleva en los ojos».

Ha acusado al PP de tener «las manos más negras que una sartén sucia» y se ha referido a las palabras de José María Aznar diciendo que «el que pueda hacer que haga». «Eso no es política, eso es Al Capone», ha añadido.

Vox y UPN, por su parte, han respaldado la moción que a su juicio es urgente, ya que millones de españoles piensan que el fiscal general «ha dejado de ser una figura de garantía para convertirse en el brazo político del Gobierno».

Por otra parte, el Senado, con los votos del PP y Vox ha aprobado otra moción en la que insta al Gobierno a respetar la independencia del Poder Judicial, «cesar en sus ataques a jueces y magistrados» y retira las reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Asimismo, con los mismos apoyos ha salido adelante otra moción en la que el Senado, entre otras cuestiones, muestra su reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pide que se mantenga la comisaría de Via Laietana en Barcelona y se reclama el despliegue inmediato de Frontex en la ruta migratoria hacia Canarias.