Madrid, 20 may (EFE).- El Senado debate este martes una reforma legal propuesta por el PP para excluir a terroristas no arrepentidos de las listas electorales, una iniciativa que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta.
La formación de Alberto Núñez Feijóo lleva al Senado una propuesta que fue rechazada por el pleno del Congreso -donde el Gobierno y sus socios tienen mayoría- en octubre del año pasado y que el presidente del PP propuso en 2023, tras presentar EH Bildu a miembros de ETA en sus papeletas electorales.
En concreto, el PP propone modificar la Ley del Régimen Electoral General, la Loreg, para que sean inelegibles aquellas personas que hayan cumplido pena por terrorismo y que no acrediten documentalmente su rechazo al terrorismo, su arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas y el compromiso de colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes pendientes de resolver.
Además, el PP pide que estén también obligados a acreditar que han satisfecho “la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas”.
Todos estos documentos acreditativos se remitirían junto al escrito de presentación de candidaturas, y correspondería al Gobierno comprobar que ninguno de los candidatos sean inelegibles, por dos motivos concretos: estar inhabilitados tras una condena por rebelión, terrorismo o delitos contra la administración pública o las instituciones o ser condenados por terrorismo que no se han arrepentido.
En caso de encontrar candidatos inelegibles el Gobierno debería comunicárselo con carácter inmediato a la Junta Electoral competente.
En su exposición de motivos, el PP cifra en más de un centenar el número de condenados por delitos de terrorismo que han sido incluidos en candidaturas para distintos procesos electorales, entre ellos una decena autores de “crímenes execrables”.
El PP defiende que el legislador está obligado a proveer de nuevos instrumentos legales para impedir que se vuelva a repetir lo ocurrido en 2023, cuando se incluyó a condenados por terrorismo en candidaturas autonómicas y locales en País Vasco y Navarra, provocando un clima de indignación en la sociedad y que se devolviera a las víctimas “al horror sufrido”
La meta es, argumenta el PP, “extremar las cautelas frente a quienes dedicaron la mayor parte de su vida a sembrar el terror o lo justificaron y que ahora pretenden formar parte de las instituciones sin acreditar de manera fehaciente ni su arrepentimiento, ni el dolor causado, ni su disposición a colaborar con la Justicia ni el cumplimiento de las penas accesorias o de la satisfacción de la totalidad de la responsabilidad civil a la que fueron condenados”.
Para entrar en vigor, esta reforma necesita ser aprobada en el Congreso, que ya rechazó esta iniciativa del PP.
