Manila, 6 ago (EFE).- El Senado de Filipinas archivó este miércoles el proceso de destitución contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, después de que el Tribunal Supremo calificara de inconstitucionales las acciones de la cámara baja del Congreso.
Con 19 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la cámara archivó el proceso después de una larga sesión de debates, confirmó el presidente del Senado, Francis Escudero.
«Si queréis destituir a la vicepresidenta, hacedlo de la manera correcta. No estamos cuestionando los méritos, lo que se está diciendo es que no se siguió el proceso», dijo el senador Rodante Marcoleta al defender su petición para archivar el proceso de destitución.
El archivo del juicio político contra Duterte tuvo lugar a pesar de las quejas de un grupo minoritario de senadores, críticos con la vicepresidenta, que buscaron retrasar la decisión final.
«¿Por qué nos apresuramos a desestimar el caso?», se preguntó el senador Vicente Sotto, al recordar que la declaración de inconstitucionalidad del Supremo no es definitiva y ha sido recurrida por la cámara baja del Congreso.
Grupos críticos con la vicepresidenta protestaron este miércoles en Manila en previsión del archivo por el Senado, mientras que un portavoz del partido Akbayan, el congresista Chel Diokno, afirmó que «habría sido más prudente» que la cámara alta esperara.
La decisión del Senado llega después de que el Tribunal Supremo de Filipinas declaró nulo el pasado 25 de julio el proceso de destitución contra Duterte.
El máximo organismo judicial de Filipinas determinó que la cámara baja violó la norma constitucional que impide presentar más de un proceso de destitución contra un funcionario en el plazo de un año.
Grupos de la sociedad civil, opositores y religiosos presentaron tres procesos de destitución separados en diciembre del año pasado, acusando a la vicepresidenta de corrupción y uso indebido de fondos reservados. Sin embargo, la Cámara de Representantes finalmente aprobó el 5 de febrero un cuarto texto presentado por congresistas.
Duterte fue acusada de corrupción y de amasar una riqueza inexplicable en función de su salario, además de utilizar de forma indebida 612 millones de pesos (casi 11 millones de dólares) procedentes de fondos reservados tanto de la oficina de la vicepresidenta como del Departamento de Educación, del que era titular hasta que dimitió hace un año.
La hija del expresidente Rodrigo Duterte, encarcelado en La Haya a la espera de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, fue además acusada de haber dado órdenes de matar al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., si ella misma era asesinada.
La rival del presidente celebró la decisión del Supremo, una victoria legal significativa ya que estaba en juego su futuro político: de ser declarada culpable de cualquiera de los cargos por el Senado, se vería inhabilitada en la función pública de por vida y tampoco podría presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028.
El proceso de destitución y la disputa abierta entre Duterte y Marcos Jr. ha dominado desde hace meses la política filipina, mientras el mandatario insiste en que se encuentra al margen del proceso a pesar de que fue lanzado por sus aliados. EFE
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