Vigo, 13 ago (EFE).- El sector del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF, por sus siglas en gallego) ha vivido este miércoles una jornada de huelga y concentraciones ante unos 80 ayuntamientos por unas condiciones laborales seguras, después del asesinato de una trabajadora social en julio.
La muerte de Teresa a finales de julio en un domicilio en O Porriño (Pontevedra), presuntamente a manos del marido de la mujer a la que asistía, ha levantado una ola de condena y movilizaciones en la comunidad gallega ante la situación de las trabajadoras del SAF.
Más recursos, unos servicios de cuidados «públicos y dignos» y en especial condiciones para que el personal del SAF, en su mayoría mujeres, puedan desempeñar sus labores de forma segura han sido las principales reivindicaciones de la jornada de huelga convocada por el sindicato CIG.
El parón ha tenido un seguimiento «mayoritario», ha asegurado a EFE Pedro Pérez, de CIG Servizos, que ha señalado que no pueden dar cifras concretas y han cumplido con los servicios mínimos.
Además de la huelga, la CIG ha encabezado concentraciones frente a ocho decenas de ayuntamientos de las cuatro provincias, incluidos O Porriño, donde se produjo la muerte de Teresa, y Vigo, la ciudad más poblada.
Frente al consistorio vigués se han concentrado medio centenar de personas, como la delegada sindical de la CIG en el comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio de Vigo, Rosa Couto.
«Seguimos estando, después de 16 días (del asesinato), en las mismas condiciones. Aquí nadie toma medidas», ha denunciado en declaraciones a los periodistas, al tiempo que ha insistido en la necesidad de un protocolo que permita a las trabajadoras abandonar un domicilio ante situaciones de riesgo.
Teresa fue hallada muerta en un domicilio que atendía el 29 de julio y como presunto responsable del crimen fue detenido, e ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el marido de la mujer a la que cuidaba.
La empresa concesionaria del SAF de O Porriño, Aralia, señaló que ese día Teresa anunció haber sufrido acoso en el domicilio, aunque ya la víspera había advertido de que la relación con el hombre era complicada, y comunicó que renunciaba al servicio y que daría quince días de margen para buscar a otra compañera.
Estas situaciones son las que se quieren evitar con el protocolo, y desde la CIG han acusado a la Xunta de Galicia de falta de iniciativa.
El Gobierno gallego, por su parte, ha insistido, a través de una reacción remitida por la Consellería de Política Social, en que el servicio es de competencia municipal y son los ayuntamientos quienes deben establecer los protocolos.
La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) anunció el 5 de agosto que formaría una mesa de trabajo con la Xunta, el Gobierno central, patronal y sindicatos para elaborar un protocolo de seguridad.
Las trabajadoras de ayuda a domicilio solicitan también la negociación del convenio colectivo, desactualizado desde 2011; en este período, el salario base, que ronda los 1.200 euros, solo se ha actualizado con el índice de precios al consumo (IPC), según la delegada sindical.
Las movilizaciones culminarán esta tarde con una manifestación hasta el edificio central de la Xunta en Vigo.
