Madrid, 5 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha abierto una tercera causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise Pérez, por los mensajes dirigidos en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Esta causa se suma a otras dos abiertas contra Alvise Pérez, una por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario para su formación política en las elecciones europeas y otra por difundir una prueba falsa de covid del presidente catalán Salvador Illa.
Esta vez el Tribunal Supremo abre una causa penal contra el eurodiputado, al considerar que hay indicios de que cometió un presunto delito de acoso, también conocido como ‘stalking’, contra la fiscal, al difundir su foto y criticar su labor en dos mensajes publicados en enero y febrero de 2024 en su canal de Telegram, donde entonces tenía más de 40.000 seguidores.
Asume así la causa que hasta ahora investigaba el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia, que incoó diligencias tras la denuncia interpuesta por la fiscal Susana Gisbert contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
En concreto, Alvise tildó a los fiscales de delitos de odio de responsables de una persecución ideológica, les acusó de multar e intentar encarcelar a quienes hablan de “invasión” migratoria, instó a buscar sus identidades y publicó la imagen de Susana Gisbert, acusándola de pedir prisión y multas por mensajes sobre migración.
Esta publicación suscitó reacciones de 1.500 seguidores que expresaron insultos o la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal y divulgaron perfiles suyos en varias redes sociales o el perfil de su hija.
Tras esto, Alvise publicó un segundo mensaje con otra imagen de la fiscal junto a una periodista y sostuvo que “ahora las perseguidas son ellas”.
Al contrario que la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ve indicios delitos de odio, amenazas o coacciones, pero sí considera que Alvise podría haber cometido un presunto delito de acoso y sostiene asimismo que no puede excluirse la posible incitación a perpetrar una agresión o intimidación grave contra la autoridad.
En su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante y su insistencia posterior, el TS ve una muestra de que “indiciariamente pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.
El magistrado Juan Ramón Berdugo es el encargado de instruir esta nueva causa penal contra Alvise.
