São Paulo, 4 ago (EFE).- La Corte Suprema brasileña impuso este lunes medidas cautelares al senador Marcos do Val, de la formación derechista Podemos, investigado por haber llevado a cabo una campaña en redes sociales contra la Policía Federal que actuaba en la investigación por la trama golpista, según medios locales.
Las nuevas medidas restrictivas, ordenadas por el instructor de la causa por golpismo, Alexandre de Moraes, incluyen el uso de una tobillera electrónica, mantienen la prohibición a utilizar sus redes sociales y obligan al senador a pasar las noches y los fines de semana en su domicilio, de acuerdo con estos medios.
El político de las filas del bolsonarismo aterrizó en Brasil este lunes tras pasar unos días en Estados Unidos, a pesar de no haber obtenido la aprobación judicial para realizar el viaje.
A poco de llegar a EE.UU., el político grabó un vídeo que fue replicado en redes sociales afirmando que «no estaba huyendo» de la Justicia, sino «disfrutando y dando atención a su hija en el parque Universal Orlando».
«Alexandre de Moraes recibió con 15 días de anticipación las informaciones de dónde iba a estar, cuál era mi vuelo, el hotel en el que estoy y hasta las entradas que compré», advirtió.
En año pasado, De Moraes había determinado la retención de los pasaportes del senador, incluso el diplomático, y el bloqueo de dinero de su cuenta bancaria. Sin embargo, el documento diplomático no fue retenido y con ese abandonó Brasil durante el receso parlamentario.
En julio, el magistrado Alexandre de Moraes impuso una serie de medidas cautelares contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que incluyen el uso de tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales.
Eso fue lo que colocó al magistrado en la mira de la Administración estadounidense, que lo acusa de ser «responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra Bolsonaro».
Ante ello el Ejecutivo de Trump impuso una serie de sanciones contra De Moraes, como la revocación de su visado y, más recientemente, enmarcándolo en la Ley Magnitsky, que autoriza a EE.UU. a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
El juicio a Bolsonaro también le sirvió de argumento a Trump para decretar un arancel del 50 % adicional a parte de las importaciones brasileñas.
